CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES

ARTÍCULO 1.- Este Código se aplicará en el Estado de Tabasco para la substanciación del procedimiento penal.

Por medio del procedimiento penal se actualiza la función punitiva del Estado y se asegura el acceso de los particulares a la justicia.

El procedimiento atiende al objetivo de conocer los delitos cometidos y la responsabilidad de sus autores, como condiciones para determinar las consecuencias legales correspondientes a través de una sentencia, con sujeción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado de Tabasco y a la legislación aplicable.

ARTÍCULO 2.- Regirá el principio de legalidad estricta en la constitución de los órganos persecutorios y jurisdiccionales, el desarrollo del proceso y la emisión de la sentencia. El Ministerio Público, el defensor y el órgano jurisdiccional estarán sometidos al imperio de la ley en el ejercicio de sus atribuciones, y serán sujetos de aplicación de sanciones en el supuesto de incumplimiento o desvío en el desempeño de las funciones que les corresponden.

ARTÍCULO 3.- El Ministerio Público y el juzgador, como autoridades que conducen el procedimiento en sus respectivas etapas, cuidarán de que el inculpado esté al tanto de los cargos que se le hacen, cuente con la defensa correspondiente, en forma compatible con las disposiciones de la ley, la búsqueda de la verdad y la buena marcha del procedimiento. En caso de duda, el juez absolverá al inculpado.

El mismo cuidado pondrán el Ministerio Público y el juzgador, en lo conducente, por lo que respecta a la atención de los intereses jurídicos del ofendido y a la información que éste requiera acerca del objeto y desarrollo del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 5 y demás conducentes de este ordenamiento.

ARTÍCULO 4.- El procedimiento penal se sujetará al principio de verdad histórica. El Ministerio Público en la averiguación previa, y el juzgador en el proceso, llevarán a cabo todas las actuaciones conducentes a este objetivo, y apoyarán con los medios a su alcance el desahogo de las diligencias pertinentes que propongan el defensor, el inculpado, la víctima o el ofendido, con el mismo fin, en los términos de los derechos que les correspondan.

ARTÍCULO 5.- El Ministerio Público y el juzgador, como autoridades que conducen el procedimiento en sus respectivas etapas, atenderán en forma oportuna y suficiente los legítimos intereses y derechos del ofendido y sus causahabientes, proveyéndolos con la asistencia jurídica que requieran, en los términos del artículo 17, escuchando sus pretensiones y, en su caso, restituyéndoles en el ejercicio de los derechos y el disfrute de los bienes afectados por el delito, conforme a las previsiones de la ley.

ARTÍCULO 6.- El Ministerio Público observará la más rigurosa objetividad en el desarrollo de la averiguación previa. En todo caso procurará el conocimiento de la verdad sobre los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad de sus autores. Está obligado a recabar y desahogar con diligencia las pruebas sobre los hechos, la participación delictuosa y otros puntos sujetos a procedimiento, que sean pertinentes para establecer la verdad histórica y resolver, con este fundamento, lo que proceda sobre el ejercicio de la acción. En caso de duda razonable sobre la responsabilidad del indiciado, de modo que ésta pueda considerarse probable, el Ministerio Público ejercitará la acción penal. En su desempeño en todo el procedimiento, el Ministerio Público ajustará su actuación a los principios de legalidad y buena fe.

ARTÍCULO 7.- El juez procurará obtener el conocimiento de todos los elementos que deba considerar legalmente para la emisión de una sentencia conforme a las disposiciones legales y a la jurisprudencia aplicable. Para ello se sujetará a las reglas de la inmediación judicial en lo que respecta a la recepción de las pruebas y en lo que corresponde al conocimiento del inculpado y del ofendido y, en su caso, recabará y analizará los elementos conducentes a la adecuada individualización penal.

TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
SUJETOS PROCESALES

ARTÍCULO 8.- Corresponde a los tribunales del Estado de Tabasco, según la organización y competencia previstos por la ley, resolver sobre los delitos del orden común y de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia, cometidos en esta Entidad Federativa, conforme a la pretensión planeada por el Ministerio Público, y aplicar las sanciones que procedan en el caso concreto.

Los tribunales decidirán acerca de la reparación de daños y perjuicios que reclamen el ofendido, sus derechohabientes o el Ministerio Público.

ARTÍCULO 9.- Los tribunales dictarán sus sentencias tomando en cuenta la naturaleza y características del hecho punible y de los autores de éste, la protección de los intereses legítimos y los derechos del ofendido y sus derechohabientes, la preservación de la seguridad pública y la readaptación social del infractor. Para este fin se ajustarán a las reglas de individualización previstas en el Código Penal.

Las sanciones que determinen los tribunales se entenderán impuestas con las modalidades que fijen las normas relativas a la ejecución de sentencias.

ARTÍCULO 10.- La averiguación previa y el ejercicio de la acción penal por los delitos que se cometan en el Estado de Tabasco corresponden al Ministerio Público de esta Entidad Federativa, que actuará con el auxilio de la Policía Judicial y de los servicios periciales que de él dependen. En el desempeño de sus atribuciones, podrá requerir la colaboración de autoridades y particulares en los términos de las leyes, reglamentos y convenios aplicables.

El Ministerio Público brindará a otras autoridades la colaboración que proceda, en la forma dispuesta por la Constitución General de la República, la particular del Estado, el presente Código y los convenios correspondientes, que deberán sujetarse a las disposiciones constitucionales.

ARTÍCULO 11.- La policía judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público. Por ello, limitará sus actuaciones a las diligencias que éste le ordene conforme a la ley.

Los peritos que auxilien al Ministerio Público gozarán de plena autonomía técnica para la elaboración de sus dictámenes.

ARTÍCULO 12.- En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio Público recibirá las denuncias y querellas que se presenten por hechos probablemente delictuosos cometidos en el Estado de Tabasco, realizará las investigaciones conducentes a comprobar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, dictará las medidas convenientes para la protección del ofendido y la preservación de los legítimos intereses de éste y, en general, de las víctimas de la conducta delictiva, resolverá o solicitará el aseguramiento de objetos relacionados con el delito y la adopción de medidas precautorias, ejercitará la acción penal, aportará las pruebas de sus pretensiones, las relativas a la personalidad del inculpado, las correspondientes a la reparación del daño y requerirá la aplicación de sanciones, propondrá la liberación de quienes resulten inocentes, hará las promociones y formulará los recursos pertinentes en el procedimiento judicial, y vigilar el debido cumplimiento de las sentencias.

Asimismo, el Ministerio Público ejercitará ante la justicia penal la acción civil de resarcimiento, cuando le corresponda hacerlo, en la forma prevista por este Código.

El agente del Ministerio Público que hubiese actuado en la causa de la que derivó la sentencia reclamada por el inculpado como quejoso en amparo directo, deberá presentar sus alegaciones por escrito ante el Tribunal Colegiado de circuito que conozca del juicio de garantías, en los términos del artículo 180 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 13.- La ley determinará a quién corresponde la suplencia del Ministerio Público, para la práctica de actuaciones encomendadas a éste, cuando no haya agente de dicha Institución en el lugar en que se desarrollan las diligencias de averiguación previa o en el que se sigue el proceso. Las actuaciones que realicen los suplentes, conforme a las disposiciones legales respectivas, tendrán el mismo valor que las practicadas por el Ministerio Público.

Cuando el Ministerio Público solicite la intervención de autoridades de otras entidades federativas, se estará a los términos de los convenios correspondientes. Las diligencias cumplidas por aquéllas tendrán el valor de las realizadas por el Ministerio Público de Tabasco si se ajustan a las disposiciones y garantías previstas en la Constitución General de la República, la particular del Estado y el presente Código.

ARTÍCULO 14.- Las autoridades del Estado de Tabasco deberán brindar a los tribunales y al Ministerio Público la colaboración que éstos les requieran, según sus respectivas atribuciones. La misma obligación tienen los particulares que sean legítimamente requeridos para auxiliar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

ARTÍCULO 15.- El inculpado gozará de las garantías y derechos que la ley le asigna, y actuará en la averiguación previa y en el proceso por sí mismo y con intervención de su defensor. Para el desempeño de su cometido, éste se halla facultado para intervenir en todas las diligencias del procedimiento, desde el inicio de la averiguación previa, conforme a la naturaleza de aquéllas.

ARTÍCULO 16.- El ofendido podrá ejercitar ante el juzgador penal la acción civil de reparación de daños y perjuicios ocasionados por el hecho sometido a su jurisdicción. Cuando el ofendido no ejercite la acción, lo hará el Ministerio Público de oficio o a solicitud de aquél. La reclamación de daños y perjuicios se substanciará como procedimiento especial en los términos previstos por este Código.

Igualmente, el ofendido podrá coadyuvar con el Ministerio Público, por sí o por medio de su representante particular y de su asesor jurídico, en la averiguación previa para el ejercicio de la acción penal. En tal virtud, en el proceso podrá entregar al tribunal las pruebas de que disponga para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, o promover el desahogo de las diligencias probatorias respectivas, directamente o por conducto del Ministerio Público.

En todo caso, el juez ordenará citar al ofendido, de oficio, para que comparezca en el proceso, si el propio ofendido lo desea, a manifestar lo que a su derecho convenga.

Las facultades que este Código atribuye al ofendido, se entenderán asignadas a sus derechohabientes, por lo que toca a derechos resultantes directamente del delito, cuando aquél no pueda ejercerlas por si mismo.

ARTÍCULO 17.- Para los efectos previstos en el artículo precedente, y en general para brindarle auxilio durante el procedimiento, el Estado proveerá al ofendido, por conducto de la Procuraduría General de Justicia, con asistencia jurídica oportuna, competente y gratuita a partir del inicio de la averiguación y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses. El Ministerio Público dispondrá que se preste al ofendido o a la víctima la atención médica de urgencia que requieran.

El asesor jurídico del ofendido tendrá en lo conducente, los mismos derechos y obligaciones que tiene un defensor de oficio.

CAPÍTULO I BIS
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCION

ARTÍCULO 17 Bis.- El ministerio público y el Juez dispondrán de las órdenes de protección establecidas en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Título Tercero de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en función del interés superior de la víctima, como actos de urgente aplicación, precautorias y cautelares, debiendo otorgarse a solicitud de la víctima o cualquier persona, de manera inmediata por la autoridad competente que conozca los hechos constitutivos de delito por motivo de violencia de género

CAPITULO II
COMPETENCIA

ARTÍCULO 18.- Para establecer la competencia de los tribunales en el conocimiento de los delitos, se tomará en cuenta, ante todo, el grado que guarde el juzgador en la organización judicial del Estado y la sanción aplicable al delito por el que se ejercita la acción. Asimismo, se considerarán los siguientes elementos, en su orden: lugar en que se cometió el delito o se produjeron sus efectos, autoridad que previno y turno establecido.

Cuando proceda la acumulación y los procesos acumulables se sigan ante jueces de paz y jueces de primera instancia, la competencia para conocer del conjunto recaerá en éste último. Si los procesos se siguen en diversos juzgados del mismo nivel en la organización de los tribunales, será competente para resolver sobre el conjunto el juzgador que conoce del más antiguo.

ARTÍCULO 19.- La competencia en materia penal es improrrogable e irrenunciable. Sin embargo, cuando se hubiese ejercitado la acción penal con detenido ante Juez incompetente, y por las circunstancias del caso fuese imposible el inmediato traslado de aquél ante el que sea competente, quien recibió la consignación realizará válidamente los actos que se deban desarrollar hasta el auto de término constitucional, resolverá sobre la libertad provisional del indiciado, lo que corresponda acerca de la libertad de éste en el caso de detención irregular al que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 Constitucional, dictará el auto que proceda y pondrá el proceso y al indiciado en libertad o detenido según determine, así como los objetos relacionados con aquél, si los hubiere, a disposición de quien deba conocer.

Ningún tribunal puede promover competencia a su superior en grado.

ARTÍCULO 20.- Para determinar la competencia de los jueces de primera instancia, y de paz, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Cuando para establecer la competencia deba considerarse la sanción aplicable al delito, se atenderá a la privativa de libertad, si la ley estipula varias sanciones concurrentes de distinta naturaleza, y al término máximo de la prisión prevista.

ARTÍCULO 21.- En lo que respecta a la competencia por razón del territorio, es competente el juez del lugar en el que se cometió el delito. Cuando el delito se comete o produce efectos en dos o más circunscripciones judiciales, será competente el juzgador de cualquiera de éstas, a prevención. Si el delito se realizó fuera del Estado de Tabasco, pero tuvo efectos en él, conocerá el juez en cuya circunscripción territorial se hubiesen producido esos efectos.

Podrá conocer de los delitos permanentes y continuados cualquiera de los juzgadores dentro de cuya circunscripción se hubiesen ejecutado actos que por si solos constituyan delito o en los que éste hubiera producido sus efectos.

También será competente para conocer de un asunto, un Juez distinto al del lugar de la comisión del delito o donde se hubiesen producidos sus efectos, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez.

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial de oficio o a petición del Ministerio Público, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad en los que será competente el Tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.

ARTÍCULO 22.- Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales del Estado y los órganos jurisdiccionales de la Federación o de otras entidades federativas, serán resueltos en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los que se susciten entre tribunales del Estado, lo serán por el Tribunal Superior de Justicia, mediante el procedimiento previsto en este Código.

ARTÍCULO 23.- Son válidas las diligencias de instrucción realizadas ante juez incompetente en virtud del territorio, la prevención o el turno, sin perjuicio de las nuevas diligencias que practique el competente conforme a lo previsto en el artículo siguiente. Sólo tendrá validez la sentencia dictada por juez competente.

Cuando el superior advierta, por haberse abocado al conocimiento de un asunto en virtud del recurso interpuesto contra cualquier resolución dictada en la causa, que es incompetente el juez que está conociendo, de oficio ordenará la remisión del proceso a quien sea competente para resolverlo.

ARTÍCULO 24.- Si el juzgado recibe un expediente por la declaratoria de incompetencia de otro órgano jurisdiccional, después de que el Ministerio Público, y la Defensa presentaron sus conclusiones, citará a las partes para la celebración de la audiencia y si, estima necesario llevará a cabo nuevas diligencias, podrá disponerlas libremente, con audiencia de las partes, a condición de que no exceda los plazos que la Constitución General de la República y este Código disponen para la terminación del proceso, salvo las excepciones que la propia Constitución señala.

CAPITULO III
FORMALIDADES

ARTÍCULO 25.- En todas las actuaciones ante los tribunales y el Ministerio Público se empleará el idioma castellano. Cuando se produzcan declaraciones o se aporten documentos en otros idiomas, aquéllas y éstos se recogerán en el expediente y se hará la correspondiente interpretación o traducción al castellano, que constará en el acta que se levante con motivo de la diligencia.

ARTÍCULO 26.- A quien deba intervenir en un procedimiento penal y no conozca suficientemente el idioma castellano, así como a quien se encuentre afectado de alguno de los sentidos y no pueda, por esta causa, escuchar o entender lo que se dice y manifestar de viva voz su declaración, se les designará intérprete o traductor que le asista.

En estos casos, la falta de intérprete o traductor se sancionará con la nulidad del acto, independientemente de que los participantes hubiesen otorgado su conformidad para actuar sin la asistencia de aquéllos. Asimismo, se sancionará al servidor público que debió hacer u ordenar la designación de esos auxiliares, en la forma que dispongan las normas sobre responsabilidades de servidores públicos.

ARTÍCULO 27.- Las diligencias se desarrollarán en la sede oficial de la autoridad que las presida o practique, a no ser que por la naturaleza de las actuaciones se estime necesario realizarlas en otro lugar, de ser así se hará la declaración correspondiente, expresando los motivos para la designación del lugar, y se dejará constancia además en el acta que se levante para documentar dichas actuaciones. La transgresión de estas normas, independientemente de la conformidad que hubiesen manifestado los participantes, se sancionará en la forma prevista por el artículo precedente.

ARTÍCULO 28.- Serán días y horas hábiles para la práctica de actuaciones judiciales los que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que se realicen en otras fechas y horas las diligencias que, conforme a su naturaleza y por mandato de la ley, deban practicarse en diversos momentos.

El Ministerio Público practicará las diligencias que le competen en la forma que ordenen sus propias normas y según las disposiciones que a este respecto dicte el Procurador, tomando en cuenta el debido despacho de sus atribuciones y la adecuada prestación de los servicios a su cargo.

Dentro de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las actuaciones judiciales y del Ministerio Público podrán practicarse cualquier día y a cualquier hora. En el acta que se levante quedará constancia de la fecha y hora de la actuación.

ARTÍCULO 29.- Los plazos son improrrogables, comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación respectiva, salvo las excepciones que la ley determine, y se cuentan por días hábiles.

Se exceptúan de esta regla los plazos relativos a detención, retención, declaración preparatoria, emisión del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar. En estos casos, el cómputo se hará de momento a momento, a partir de aquel en que el inculpado quede físicamente a disposición del juzgador en un reclusorio o en un centro de salud, circunstancia que harán constar por escrito tanto quien hace entrega del inculpado como quien se encuentra a cargo del establecimiento en el que se recibe a éste.

ARTÍCULO 30.- Cuando se fije un término para la practica de una actuación, quien ordena ésta deberá precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora correspondientes al acto que se realizará. La resolución que disponga un término se notificará personalmente a las partes con anticipación de cuarenta y ocho horas, cuando menos, a la fecha y hora en que deba celebrarse la actuación respectiva.

ARTÍCULO 31.- Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se hizo la promoción o se produjo el acto que los motiva. Los demás autos se dictarán dentro de los tres días contados a partir de dicha promoción o acto, salvo las excepciones que la ley disponga. En lo que toca a sentencias, se estará a lo establecido en los artículos 184, 186 y 187.

ARTÍCULO 32.- Las autoridades que presidan o practiquen una diligencia actuarán asistidas de secretario o de dos testigos, cuando no dispongan de aquél. De lo contrario, la actuación será nula, aunque la consientan quienes en ella intervengan.

ARTÍCULO 33.- Las promociones que se hagan por escrito deberán estar firmadas por su autor o llevar la huella dactilar de éste, si son objetadas deberán ser ratificadas por el mismo. Independientemente de lo anterior, cuando se estime necesario, también se podrá ordenar la ratificación de las promociones.

Los secretarios deberán dar cuenta de las promociones dentro de veinticuatro horas a partir de la presentación de éstas. Para tal efecto se hará constar en el expediente, de ser posible con reloj marcador, la fecha y la hora en que se presente o formule una promoción.

ARTÍCULO 34.- Cada diligencia constará en acta por separado. El conjunto de diligencias figurará en forma continua, sin dejar hojas o espacios en blanco, en el expediente que se formará por duplicado incluyendo fotocopias certificadas de las documentales que hubieren aportado las partes, para documentar el procedimiento, al que se agregarán los documentos recibidos en éste. Las hojas que lo integren, inclusive las correspondientes a dichos documentos, estarán numeradas en forma progresiva por ambas caras, serán autorizadas con la firma del secretario debajo del folio y ostentarán el sello del tribunal o del Ministerio Público, según corresponda.

En las hojas se hará el asiento respectivo con letras y en caracteres claramente legibles. Las fechas y cantidades se escribirán con letras y además con cifras. No se utilizarán abreviaturas ni se borrarán, rasparán u ocultarán los asientos erróneos, que se testarán con una línea delgada de manera que permita su lectura, salvándose, antes de la firma, el error cometido. En la misma forma se salvarán las palabras escritas entre renglones.

Las actas en que consten las diligencias serán firmadas por quienes deban dar fe o certificar el acto, las autoridades que las presidieron o intervinieron en ellas, los respectivos secretarios o testigos y los demás participantes, cualquiera que hubiese sido el carácter de su participación. Estos firmarán al calce y en los márgenes de las páginas en que conste su intervención. Lo mismo harán los intérpretes y traductores. Se imprimirá la huella digital de quien no sepa firmar, señalándose a qué dedo de la mano corresponde. Las mismas reglas se observarán cuando sea necesario hacer alguna modificación o rectificación a solicitud de los participantes, en la propia acta o en una posterior, en la que también se asentarán los motivos que aquéllos manifestaron tener para solicitarla. Se escribirá a máquina o con letra de imprenta, en todo caso, el nombre de quien suscribe o estampa su huella digital, al calce de cada firma o impresión dactilar.

Si alguna de las personas que deben firmar se rehusa a hacerlo, el funcionario que dé fe dejará constancia de la negativa y de las razones que exprese quien se niegue a suscribir el acta.

En todas las diligencias se podrá hacer uso de cualesquiera medios de registro que la ley no repruebe, para recoger y reproducir lo que se hubiese actuado. En el acta respectiva se hará constar el medio empleado. En lo posible se procurará la captura de todos los actos procesales que integran el expediente, con los medios mas modernos que proporcione la tecnología de cómputo y de obtención de información, la que deberá aplicarse para el control y seguimiento de los procedimientos penales.

ARTÍCULO 35.- Las actuaciones de los tribunales y del Ministerio Público deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos.

El secretario judicial mantendrá en lugar seguro los expedientes. Tanto el Ministerio Público como las otras partes los consultarán en las oficinas del tribunal, sujetándose a las medidas que la secretaría adopte para evitar la sustracción, alteración o destrucción de los expedientes.

ARTÍCULO 36.- Sólo podrán obtener copias de las actuaciones las personas que acrediten un interés jurídico para ello. Resolverán sobre la solicitud de copias, en sus casos respectivos, el tribunal y el Ministerio Público. El secretario hará el debido cotejo antes de autorizar la copia con su sello y firma.

ARTÍCULO 37.- Si se extravían o destruyen alguna constancia o el expediente mismo, se procederá a reponerlos. La reposición se sustanciará en la forma prevista para los incidentes diversos. El secretario hará constar la pérdida en cuanto se percate de ella, y el juzgador dispondrá lo que proceda para investigar el caso. Se dará vista al Ministerio Público cuando se presuma la comisión de un delito. El responsable de la pérdida cubrirá los gastos que ocasione la reposición.

Para estos efectos, se tomará como base el duplicado al que se refiere el artículo 34. Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en cualquiera resolución de la que haya constancia fehaciente, siempre que no se hubiese objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita.

ARTÍCULO 38.- Serán nulas las actuaciones en las que no se hubiese cumplido alguna de las formalidades esenciales que la ley previene, independientemente del perjuicio que se pueda causar a cualquiera de las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23. Se consideran quebrantadas esas formalidades esenciales cuando se incurra en alguna de las violaciones constitucionales y legales a las que se refiere el artículo 209.

La nulidad de un acto se tramitará en la forma prevista en este Código, no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella y acarrear la nulidad de las actuaciones que se deriven precisamente del acto anulado, pero no la de aquéllas que no dependan de él.

ARTÍCULO 39.- Se dará aviso de la incoación del proceso al tribunal de apelación respectivo dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de radicación. El aviso se concretará a expresar los puntos esenciales para la identificación del asunto, para los efectos del debido cumplimiento de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del artículo 17 constitucional, utilizando, de ser posible, los medios a que se refiere el último párrafo del artículo 34 de esta Ley.

CAPITULO IV
DESPACHO DE LOS ASUNTOS

ARTÍCULO 40.- No hay costas en materia penal. El erario cubrirá los gastos que ocasionen las diligencias practicadas por la autoridad que realiza la averiguación previa, así como las decretadas por los tribunales de oficio o a petición del Ministerio Público. Cuando el inculpado no pueda cubrir por sí mismo el costo de una diligencia que solicite, y el tribunal o el Ministerio Público, en sus respectivos casos, la estimen útil para el esclarecimiento de los hechos motivo del procedimiento y para acreditar los elementos constitutivos del delito o la responsabilidad penal, o de los datos conducentes a la reparación de daños y perjuicios o la individualización judicial, podrán disponer que se practique con cargo al erario.

ARTÍCULO 41.- Los depósitos, hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otras consecuencias económicas de la actividad procesal, se sujetarán a las disposiciones especiales contenidas en este Código y a las generales que deban regirlas, según su naturaleza.

ARTÍCULO 42.- Cuando cambie el titular de un juzgado o de la oficina del Ministerio Público que conduzca una averiguación, en la primera resolución que dicte el nuevo funcionario se insertará su nombre completo, y en los tribunales colegiados se pondrán, al margen del acta, los nombres y apellidos de los funcionarios que la suscriban. Cuando sólo esté pendiente la emisión de sentencia, el cambio se comunicará a las partes en notificación específica.

ARTÍCULO 43.- Los tribunales dictarán de oficio las providencias conducentes a que la justicia sea pronta y expedita.

ARTÍCULO 44.- Cuando la ley procesal no prevenga una cuestión que se suscite en el curso del procedimiento, se integrará con el Código Federal de Procedimientos Penales, criterios jurisprudenciales y principios generales del Derecho, en la forma que resulte adecuada para la satisfacción de los fines del proceso penal, tomando en cuenta el equilibrio que debe existir entre las partes y la equidad con que es preciso atender sus respectivas pretensiones, la necesidad de establecer la verdad histórica sobre el delito supuestamente cometido y la responsabilidad del inculpado, y la pertinencia de asegurar el buen desarrollo del proceso, garantizará los derechos de los participantes y allegará a la causa todos los datos conducentes a la emisión de la sentencia y a su debida ejecución. Este mismo criterio se utilizará para la interpretación de la ley procesal.

ARTÍCULO 45.- Los tribunales rechazarán de plano, motivando y fundando sus resoluciones, que notificarán a las partes, los incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos e improcedentes, dando aviso, en su caso, al superior jerárquico. Los tribunales aplicarán a las partes las correcciones disciplinarias y las sanciones que a su juicio procedan, que pueden ser multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigente en el Estado, a la fecha de la conducta procesal indebida. Además, en el caso de que dicha conducta sea imputable a un defensor particular, se publicará en el Boletín Judicial el nombre del abogado, mencionando la falta cometida, así como la identificación del expediente y la sanción impuesta.

CAPITULO V
COLABORACIÓN PROCESAL

ARTÍCULO 46.- Cuando se deba realizar un acto fuera del ámbito de competencia territorial de la autoridad que conduce la averiguación o el proceso, se recabará el auxilio de la autoridad que pueda practicarlo, conforme a sus atribuciones, en los términos del segundo párrafo del artículo 119 de la Constitución General de la República.

Se dará entera fe y crédito a los exhortos de los tribunales de la Federación y de los Estados, que se cumplimentarán en los términos y con las condiciones fijados en este Código, en todo lo que resulte aplicable

En el despacho de las actuaciones de colaboración procesal se procurará utilizar, en la medida posible, los medios que suministra la moderna tecnología de la comunicación, entre otros, el fax y los sistemas de cómputo.

ARTÍCULO 47.- Si la autoridad requerida tiene la misma categoría que la requirente, la autoridad judicial empleará la forma de exhorto, y si se trata de inferior, la de requisitoria. Al dirigirse los tribunales a autoridades no judiciales, lo harán por medio de oficio. En sus comunicaciones, el Ministerio Público utilizará esta última forma. En caso de existir ordenamientos específicos para la práctica de actos de colaboración procesal, se estará a lo dispuesto en aquéllos.

ARTÍCULO 48.- El exhorto y la requisitoria, que llevarán el sello del tribunal y estarán suscritos por el titular del órgano jurisdiccional y su secretario, contendrán todas las inserciones necesarias para acreditar la naturaleza y características de la actuación solicitada y su fundamento legal. La autoridad requerida podrá diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de alguna formalidad, cuando esta circunstancia no afecte su validez ni impida apreciar su naturaleza, características y legalidad.

ARTÍCULO 49.- En casos urgentes, se podrá formular la solicitud por vía telegráfica o telefónica, o mediante fax u otro medio idóneo para este propósito, cerciorándose el emisor de que el requerido recibió el mensaje, y será diligenciada bajo la estricta responsabilidad de quien la formula y de quien la recibe. Este valorará la situación y resolverá lo que corresponda, acreditando por todos los medios a su alcance el origen de la petición que recibe y la urgencia del procedimiento. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación que adopte, la hará del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de su control y seguimiento.

ARTÍCULO 50.- Si el requerido considera procedente realizar el acto que se le solicita, lo practicará dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación. Cuando sea imposible cumplimentarlo dentro de este plazo, fijará uno mayor y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el requerido no estima procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente, con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de cumplimentarlo.

ARTÍCULO 51.- Si el requerido no obsequia oportunamente la petición que se le hizo, el requirente hará un recordatorio mediante oficio. Podrá formular queja ante el superior jerárquico de ambos cuando el requerido no atienda un exhorto o requisitoria sin motivo justificado. Se resolverá la queja considerando lo que expongan las autoridades contendientes, y con audiencia del Ministerio Público. En su caso, la defensa podrá exponer lo que a su interés convenga.

ARTÍCULO 52.- Al dar cumplimiento a lo solicitado en la petición, el requerido adoptará las medidas necesarias para que sea del conocimiento del requirente y resulte útil a los efectos de la jurisdicción de éste, conforme a la naturaleza del acto.

Cuando se hubiese solicitado el cumplimiento de una orden de aprehensión y se logre ésta, la requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del juez que libró el mandamiento. Si es imposible poner al detenido inmediatamente a disposición del órgano requirente, el requerido tomará la declaración preparatoria al inculpado, decidirá respecto de la libertad provisional que se le solicite, resolverá sobre su situación jurídica conforme al artículo 19 de la Constitución General de la República, y remitirá al detenido y las actuaciones, en su caso, a quien libró el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte.

ARTÍCULO 53.- Los exhortos a tribunales extranjeros se regirán por lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 119 constitucional y se remitirán y tramitarán por la vía diplomática. Las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el Secretario de Gobierno, y la de éste, por el funcionario que corresponda en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se podrá remitir el exhorto directamente y prescindir de la legalización de firmas, en su caso, cuando lo permitan la ley, el tratado correspondiente o la práctica del país al que se dirige el exhorto, o exista reciprocidad.
Los exhortos que provengan del extranjero deberán tener, además de los requisitos que indiquen las leyes respectivas y los tratados internacionales, la legalización que haga el representante autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos.

ARTÍCULO 54.- La resolución que dicte la autoridad requerida en el Estado de Tabasco, admite los recursos que este Código establece.

ARTÍCULO 55.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los actos de colaboración solicitada por el Ministerio Público, en lo que sea conducente y sin perjuicio de las disposiciones especiales que rijan la materia.

CAPITULO VI
CATEO Y ACCESO A INFORMACIÓN RESERVADA

ARTÍCULO 56.- El cateo se rige por lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional y tiene por objeto la detención de personas o la búsqueda y aseguramiento, en su caso, de objetos relacionados con un delito, en el caso de que la autoridad deba entrar, para tal efecto, a un lugar al que no tenga acceso el público. Cuando el Ministerio Público estime necesaria la practica de un cateo durante la averiguación previa o en el curso del proceso, lo solicitará al tribunal, motivando y fundando su requerimiento.

Si lo estima pertinente, el juez ordenará la práctica de la diligencia, y señalar si el cateo lo realiza su personal, el Ministerio Público asistido por sus auxiliares, o ambos.

ARTÍCULO 57.- El cateo se practicará entre las seis y las dieciocho horas, salvo que por la urgencia del caso sea necesario realizarlo en otro momento, con autorización expresa del tribunal. Se levantará acta pormenorizada de los resultados del cateo, que suscribirán el funcionario que presida la diligencia, su secretario o testigos de asistencia y los responsables y ocupantes del lugar cateado, si desean hacerlo. En caso de que alguno de éstos no quisiere firmar, la negativa se hará constar en el acta.

Se levantará inventario de los objetos recogidos, que se conservarán relacionados con la averiguación previa o el proceso. Si el inculpado estuviese presente, se le mostrarán los objetos para que los reconozca y se dejará constancia de lo que desee manifestar.

La diligencia se ajustará a lo previsto en el mandamiento judicial. Si con motivo del cateo aparecieren datos que permitan suponer la comisión de otro delito perseguible de oficio, se dejará constancia en el acta respectiva para los efectos que legalmente correspondan.

Se observarán las normas especiales aplicables cuando se trate de cateo a lugares o en relación con personas protegidos por inviolabilidad o inmunidad, o sujetos a otras disposiciones.

Cuando se practique un cateo en contravención a lo estipulado en este precepto, el juez resolverá sobre la nulidad de las diligencias realizadas, según su naturaleza y las características del caso. Incurre en responsabilidad quien ordene o practique un cateo sin observar las normas aplicables.

ARTÍCULO 58.- Si están cerrados el lugar en el que se practicará el cateo o los muebles en los que pudieran hallarse los objetos que se buscan, y el ocupante de aquél o quien tenga acceso a éstos se niegan a franquear el paso o abrir dichos muebles, la autoridad que practica el cateo podrá hacer uso de la fuerza para cumplir su encargo, y dejará constancia de las circunstancias en que se desarrolló este aspecto de la diligencia.

ARTÍCULO 59.- Cuando el Ministerio Público estime necesario, para los efectos de la averiguación que realiza, tener acceso a cualquier información o comunicación que no esté disponible para el público ni pueda aquél obtener con apoyo en sus propias atribuciones, pedirá al juez la autorización correspondiente en los términos del artículo 16 de la Constitución General de la República, motivando y fundando la petición que formule. El tribunal resolverá sin demora.

Cuando no se observe lo dispuesto en el párrafo anterior, no serán admisibles como prueba los informes o las comunicaciones obtenidos en forma irregular, e incurrirá en responsabilidad quien haya dispuesto o practicado la diligencia ilícita.

CAPITULO VII
COMPARECENCIA Y PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 60.- Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. En el requerimiento que se haga, la autoridad precisará en qué carácter concurrirá el requerido. Si éste no acude, la autoridad podrá imponerle al remiso, una multa de 10 a 25 días de salario mínimo vigente en el Estado a la fecha del desacato, y podrá librar orden de comparecencia, para que sea presentado por la policía judicial.

Las autoridades se trasladarán al lugar en que se encuentren las personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o al domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, cuando se trate de servidores públicos de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que éstos opten por presentarse ante la autoridad. Para los efectos de este precepto, se entiende por servidores públicos que merecen este trato los representantes populares, los designados directamente por el titular del Ejecutivo, federal o local, a los magistrados y jueces federales y estatales, y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

CAPITULO VIII
COMUNICACIONES

ARTÍCULO 61.- Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos de comunicación destinados a quienes participan en el procedimiento, se harán personalmente o por cédula u otros medios que permitan dejar constancia precisa de su recibo, y para tal efecto se asentarán el nombre y la firma del notificado, o la huella digital en su caso, el día y la hora en que se realiza la comunicación.

Para fines de notificación personal, los participantes en el procedimiento designarán domicilio en el lugar en el que éste se siga. Si cambian de domicilio, sin dar aviso, o el manifestado resulta falso, las notificaciones se harán por estrados y la autoridad dispondrá que se proceda a la localización por medio de la policía judicial.

Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para recibir notificaciones, sin perjuicio de que los otros acudan al tribunal para ser notificados. Si el inculpado no hace designación, la hará el juzgador, considerando las características del caso, sin perjuicio de que aquél designe a quien deba asumir, en definitiva, la representación común. Estas mismas disposiciones se aplicarán a los asesores jurídicos del ofendido.

ARTÍCULO 62.- Las notificaciones se harán dentro de los tres días siguientes al día en que se dicten las resoluciones que las motiven. En las actas y cédulas correspondientes se indicará la autoridad de la que emana el acto notificado y aquélla que practica la notificación, así como el contenido de dicho acto y cualesquiera otros datos indispensables para el debido conocimiento de aquél por parte del notificado.

Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente, y contendrán: identificación del citado, designación de la autoridad ante la que debe presentarse, acto que se requiere de él, día y hora señalados para la actuación que se comunica, medio de apremio que se utilizará para asegurar su presencia, nombre y firma del funcionario que ordena la cita y de quien la practica.

Estas prevenciones se tendrán en cuenta, según corresponda, en las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan personalmente.

ARTÍCULO 63.- Todas las resoluciones judiciales, salvo las que deban mantenerse en reserva, se publicarán en el órgano oficial de difusión correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el siguiente párrafo.

Las resoluciones contra las que proceda apelación se notificarán personalmente, por conducto del secretario o del actuario. Las demás resoluciones se notificarán personalmente al Ministerio Público, al inculpado y a su defensor, así como al ofendido y a su asesor legal, salvo cuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el buen desarrollo del procedimiento, circunstancia que se asentará en el expediente. En este caso sólo se notificará al Ministerio Público. A los demás participantes se les notificará en estrados.

ARTÍCULO 64.- Cuando se trate de notificación personal, se recabará recibo o se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta. Para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de testigos que den fe del acto.

Si no se halla el destinatario, pero en el lugar señalado hay persona que pueda entregarle la comunicación, se entenderá con ésta la diligencia y se levantará el acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella digital quien recibe la cédula. Cuando no se encuentre el destinatario ni haya a quién entregar la cédula, o el ocupante del lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se informará a la autoridad que ordenó la comunicación, indicando, en su caso, dónde se encuentra el destinatario y cuando podrá ser localizado en el lugar donde se practicó la diligencia, a fin de que aquélla disponga lo conducente.

Si no es posible localizar al destinatario de la comunicación, se podrá publicar una síntesis de ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en el que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las circunstancias.

Las comunicaciones dirigidas a servidores públicos civiles o militares se cursarán por conducto de sus superiores jerárquico, a no ser que el éxito de la tramitación requiera otra forma de comunicación.

No producirá efectos ninguna comunicación practicada en forma distinta de la prevista en los párrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre sabedor del acto que se pretende comunicar.

El funcionario encargado de hacer la comunicación informará de su resultado a la autoridad que ordenó la diligencia. Incurrirá en responsabilidad si no observa las disposiciones contenidas en este precepto.

ARTÍCULO 65.- Para la notificación por estrados, los notificadores del tribunal fijarán diariamente en la puerta de éste o en otro lugar señalado con tal fin, fácilmente localizable por quienes asistan al tribunal y claramente visible para éstos, una lista que señale los asuntos acordados, expresando únicamente el número del expediente y el nombre del inculpado, y asentarán constancia de ese hecho en los expedientes respectivos.

Esta notificación surtirá efectos al tercer día de fijada la lista. Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá concurrir al tribunal a más tardar al día siguiente de aquél en que se fije la lista, y solicitarla del secretario o actuario.

ARTÍCULO 66.- Podrá citarse por teléfono o mediante comunicación trasmitida por fax o por cualquier otro medio similar, a quien haya manifestado expresamente su voluntad para que se le convoque por ese medio, proporcionando el número del aparato al que debe hablársele, sin perjuicio de que si no es hallado en ese lugar o no se considera conveniente citarlo de esa manera, se recurra al procedimiento común para este efecto. La autoridad encargada de hacer la cita se cerciorará, por los medios pertinentes, de que el destinatario recibió aquélla y lo asentará en el expediente.

CAPITULO IX
AUDIENCIAS

ARTÍCULO 67.- Las audiencias serán públicas, salvo que el tribunal en forma fundada y motivada determine que deban realizarse de otra forma, por razones de seguridad, orden o moral. Deberán concurrir el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el asesor legal del ofendido, y éste, en su caso. Cuando no concurra un Ministerio Público o el inculpado, el tribunal diferirá la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las medidas de apremio que estime pertinentes. Si el ausente es el defensor del inculpado o el asesor del ofendido, considerará la posibilidad y conveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público, según corresponda, para que intervengan en la misma audiencia o en la posterior que se determine. Si no se presenta el ofendido, al juicio del juez o la Sala, se realizará la audiencia, pero el tribunal de que se trate lo exhortará para que se presente en las subsecuentes y adoptará las medidas para garantizarle el derecho de comparecer y estar enterado de la marcha del proceso.

Cuando el inculpado estuviese impedido para concurrir a la audiencia, se negare a asistir o fuese expulsado por alterar el orden, el tribunal adoptará las medidas que juzgue adecuadas para garantizarle el derecho a comparecer, estar enterado de la marcha del proceso y ejercer su defensa.

La conservación del orden en el proceso estará a cargo del juzgador que preside la diligencia. Si el juzgador se ausenta, recaerá en otro juzgador, por su orden, tratándose de órganos colegiados, o en el secretario judicial, si se trata de órganos unitarios.

ARTÍCULO 68.- En la audiencia, el inculpado se defenderá por sí mismo o por medio de su defensor. Cuando lo haga el inculpado por sí, deberá hallarse presente su defensor, de oficio o particular; si éste no es abogado, el tribunal dispondrá la presencia de un defensor de oficio que pueda asesorar al inculpado o al defensor que no sea perito en derecho.

El Ministerio Público podrá intervenir cuantas veces quisiere, y el inculpado o su defensor, así como el ofendido y su asesor, podrán replicar en cada caso. El inculpado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar.

Sólo se escuchará a un agente del Ministerio Público, a un defensor por cada inculpado que participe en la audiencia, y a un asesor por cada ofendido.

En la audiencia, el inculpado estará asistido por su o sus defensores, pero no por otros asistentes a ella. En la audiencia de declaración preparatoria y en la de careos estará presente el defensor, conforme a lo previsto por este Código, pero el inculpado no se comunicará con él mientras rinda dicha declaración.

Antes de cerrar el debate, el funcionario que preside concederá la palabra al inculpado, si éste lo desea.

CAPITULO X
MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 69.- Los tribunales, en el proceso, y el Ministerio Público, en la averiguación previa, pueden adoptar medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. Las medidas consistirán en apercibimiento, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. La multa será hasta por treinta días de salario mínimo vigente en el lugar y momento en que se realizó la conducta que motivó el apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no podrá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados, de un día de ingreso.

ARTÍCULO 70.- Las autoridades que presiden las diligencias tienen el deber de mantener el orden y exigir el respeto debido a ellas y a los demás asistentes. Para este fin contarán con el auxilio de la fuerza pública. El Ministerio Público, en la averiguación previa y el tribunal, en el proceso, podrán aplicar como correcciones las medidas dispuestas en el artículo anterior, más la suspensión en el caso de servidores públicos, con la duración prevista en la legislación sobre responsabilidades de éstos.
Cuando se cometa una falta, el secretario deberá dar fe del hecho, previamente a la aplicación de la medida que proceda. Antes de imponer la sanción al faltista, la autoridad le concederá la palabra. Una vez dictada la corrección, el faltista podrá recurrir mediante revocación.

CAPITULO XI
RESOLUCIONES

ARTÍCULO 71.- Las resoluciones judiciales son sentencias cuando resuelven el asunto en lo principal y concluyen la instancia, y autos en los demás casos.

Las sentencias contendrán la fecha, el lugar en el que se pronuncien, la autoridad que las dicte, la identificación y los datos generales del inculpado, entre ellos la indicación sobre su pertenencia a un grupo étnico, en su caso, un resumen de los hechos, los datos conducentes a la individualización de la pena, sujetándose cabalmente a lo dispuesto en el Título IV del Libro Primero del Código Penal del Estado, relativo a la aplicación de sanciones, las consideraciones procedentes, la jurisprudencia aplicable, los fundamentos legales y, al final, los puntos resolutivos.

Las sentencias de condena mencionarán las características de la sanción impuesta y, en su caso, los sustitutivos penales, así como las obligaciones del sentenciado con motivo de la ejecución de aquélla.

El juzgador explicará este punto al sentenciado, personalmente.
Se dejará constancia en el expediente acerca de las explicaciones que proporcione el juzgador al inculpado sobre el contenido de la sentencia, y las aclaraciones que formule a solicitud de éste.

Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus motivos, jurisprudencia aplicable y fundamentos legales. El auto en que se determina la situación jurídica del indiciado, deberá contener además la fecha y hora en que se dicte, en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todas las resoluciones que emita una autoridad, inclusive las de mero trámite, deberán estar motivadas y fundadas. Esta disposición es aplicable, asimismo, a las determinaciones que adopten las autoridades no judiciales que intervengan en un procedimiento penal.

ARTÍCULO 72.- Las resoluciones serán dictadas por el titular del órgano jurisdiccional y estarán suscritas por éste y por el secretario que da fe. Para la validez de la resolución de un órgano colegiado se requiere el voto de la mayoría de sus integrantes, cuando menos. Si alguno de éstos desea emitir voto particular, lo redactará y se incluirá en el expediente, si lo presenta al día siguiente de haberse adoptado la resolución apoyada por la mayoría.

Sin perjuicio de la aclaración de sentencia, ningún juzgador unitario puede modificar sus resoluciones después de suscritas, ni los colegiados después de votadas.

ARTÍCULO 73.- Las partes pueden solicitar aclaración de la sentencia definitiva, o disponerla de oficio el juzgador, por una sola vez, dentro de los tres días siguientes a la notificación de aquélla. Cuando una parte solicite aclaración de sentencia, indicará la contradicción, ambigüedad o deficiencia que la motiven. Lo mismo hará el juzgador, en su caso, para conocimiento de las partes.

El juzgador escuchará a las partes en torno al punto que se pretenda aclarar. La resolución del juzgador, que formará parte de la sentencia, en ningún caso podrá modificar el fondo de ésta. El plazo para apelar contra la sentencia corre a partir del día siguiente al de la notificación que se haga sobre la resolución que aclare la sentencia o disponga que no hay lugar a la aclaración solicitada.

ARTÍCULO 74.- Las resoluciones causan estado cuando no son recurribles legalmente, las partes se conforman expresamente o no las impugnan dentro del plazo concedido para ello, o se resuelven los recursos interpuestos contra ellas. Además, causan estado las sentencias dictadas en segunda instancia.

Las resoluciones se cumplirán o ejecutarán en sus términos, una vez practicadas las notificaciones que la ley ordena. La autoridad ejecutora informará dentro de un plazo de diez días a la autoridad que dictó la resolución acerca del cumplimiento que hubiese dado a ésta.

TÍTULO TERCERO
PRUEBA

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 75.- Son admisibles en el procedimiento todas las pruebas que no sean contrarias a la moral o al derecho, se hayan obtenido en forma legal y resulten conducentes al esclarecimiento de las cuestiones planteadas en el procedimiento penal. Si la prueba propuesta no reúne estas condiciones, se desechará con audiencia de las partes.

Sólo estarán sujetos a prueba los elementos que integran el delito, los que acrediten la responsabilidad del inculpado, los datos que excluyan la incriminación penal, los elementos que establezcan la extinción de la pretensión punitiva, los pertinentes para la individualización judicial de las sanciones y la determinación de las consecuencias del delito, el valor de la cosa sobre la que recayó éste y el monto de los daños y perjuicios causados al ofendido, así como todos los datos de los que se pueda inferir, directa o indirectamente, la existencia o inexistencia de los hechos y las circunstancias mencionados.

No requieren prueba el derecho vigente del Estado de Tabasco y federal, inclusive los tratados internacionales, y los hechos notorios. La requieren el derecho histórico, el derecho extranjero, el derecho local de otras entidades de los Estados Unidos Mexicanos y los usos y costumbres.

Quien proponga la prueba manifestará la finalidad que busca con ella, relacionándola con los puntos que pretende acreditar.

ARTÍCULO 76.- El juzgador que tenga conocimiento de pruebas obtenidas ilegalmente, dispondrá que se de vista de ello al Ministerio Público por conducto del agente adscrito, o directamente al Procurador, según las características del caso.

ARTÍCULO 77.- El Ministerio Público y el ofendido, con el auxilio de su asesor legal, deberán probar sus pretensiones, y el inculpado y su defensa acreditar las excepciones o defensas que opongan, salvo cuando en favor de éstas exista una presunción legal.

No obstante, el Juez y el Ministerio Público dispondrán la práctica de todas las pruebas conducentes a establecer la verdad sobre la materia del proceso o de la averiguación, respectivamente.

El Juez no podrá suplir, en ningún caso, las omisiones en que hubiese incurrido el Ministerio Público en relación con la carga de la prueba que le incumbe.

Cuando el promotor de la prueba no pueda proporcionar los elementos necesarios para la práctica de ésta, lo manifestará al juzgador, bajo protesta de decir verdad, y éste resolverá lo conducente.

ARTÍCULO 78.- En el procedimiento judicial, las pruebas serán desahogadas con citación y en presencia de las partes. Esta disposición comprende los casos en que el juzgador disponga nuevas diligencias probatorias o la ampliación de las practicadas.

ARTÍCULO 79.- En el procedimiento judicial se observará estrictamente el principio de inmediación. En consecuencia, todas las pruebas que se aporten al proceso serán desahogadas precisamente ante el juzgador o el secretario que se halle a cargo del tribunal, por ministerio de ley, en el caso de ausencia o falta del titular. El juzgador podrá disponer que el secretario prepare la presentación de las pruebas, tanto en actuaciones previas a la celebración de la audiencia en la que deban desahogarse, como en el curso de la propia audiencia, pero en ningún caso, delegará el Juez la recepción misma de aquéllas.

Carecerán de valor las pruebas desahogadas durante el proceso penal, que no sean recibidas precisamente por el titular del órgano jurisdiccional, que presidirá personalmente la correspondiente audiencia de desahogo. Además, incurrirán en responsabilidad, en los términos que prevenga la legislación aplicable, el juzgador que permita, autorice o no corrija la indebida recepción de pruebas, y el funcionario o empleado que por cualquier motivo participe en ella.

ARTÍCULO 80.- El Ministerio Público y el juzgador, en el desempeño de sus respectivas atribuciones, podrán adoptar, de oficio o a solicitud de persona con interés jurídico para requerirlo, todas las medidas legales conducentes a asegurar la prueba y proteger a quienes deban participar en diligencias probatorias. Las medidas de protección no implicarán, en ningún caso, promesas o concesiones inconsecuentes con el principio procesal de estricta legalidad en el ejercicio de la acción penal y en el despacho de las atribuciones jurisdiccionales.

ARTÍCULO 81.- Las normas contenidas en este Título rigen para la averiguación previa y el proceso, salvo las excepciones que prevea la ley. Las referencias hechas al juzgador son aplicables, en lo conducente, al Ministerio Público.

CAPITULO II
CONFESIÓN

ARTÍCULO 82.- La confesión es el reconocimiento que hace el inculpado sobre su participación en los hechos que se le imputan. Debe formularse ante el ministerio público o el juez, en las respectivas etapas del procedimiento, con plena conciencia y libertad por parte de quien declara, sin coacción ni violencia y en presencia de su defensor. Ha de estar corroborada por otros datos que la hagan verosímil.

CAPITULO III
INSPECCIÓN

ARTÍCULO 83.- Es materia de inspección todo aquello que pueda ser apreciado por medio de los sentidos. Se practicará de oficio o a petición de parte. El Ministerio Público o el Juez que practique la inspección dispondrá lo necesario para prepararla. Se hará acompañar de testigos y peritos que puedan aportar conocimientos para el buen resultado de la prueba. Dispondrá la descripción detallada de lo que se inspecciona, y para tal efecto, se auxiliará de planos, fotografías, filmaciones, grabaciones y otros medios que suministre la tecnología, y procederá a su aseguramiento y reproducción por cualquier medio adecuado.

ARTÍCULO 84.- La inspección podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos, cuando así lo exijan la naturaleza del asunto y las pruebas rendidas. La reconstrucción se realizará, de preferencia, al concluir la instrucción, una vez practicada la inspección y examinados los testigos y peritos que deban declarar en la causa. Cuando sea posible y necesario, se hará en el lugar, a la hora y dentro de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y con la participación de las personas que intervinieron en ellos o los presenciaron.

El juez tomará las medidas adecuadas para sustituir a los ausentes durante la reconstrucción y para la celebración de ésta, las veces que sea necesario, conforme a las diversas versiones que se suministren sobre los hechos cuestionados.

En la diligencia, el Juez se hará acompañar de los testigos y peritos que puedan contribuir al éxito de las actuaciones. Se levantará acta circunstanciada, que firmarán debajo de su nombre, los que en ella hubieren intervenido.

CAPITULO IV
PERICIA

ARTÍCULO 85.- Se requerirá dictamen de peritos cuando sea necesaria la aportación de conocimientos especiales para el esclarecimiento de los hechos, que no se hallen al alcance del común de las gentes ni sean accesibles al Ministerio Público en la averiguación previa y al juzgador en función de su competencia profesional.

Los peritos rendirán protesta del buen desempeño de su cargo, al asumir éste o al presentar su dictamen si deben actuar en forma urgente, con excepción de los peritos oficiales.

Intervendrán dos peritos en cada caso, a menos que sólo uno pueda ser habido. Se preferirá a quienes tengan título y registro expedidos por autoridad competente, si se trata de profesión reglamentada. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados, cuando sea posible.

La designación de peritos hecha por la autoridad deberá recaer en personas que desempeñen esa función por nombramiento oficial, y a falta de ellas o en caso de ser pertinente en vista de las circunstancias del caso, por quienes presten sus servicios en oficinas de los gobiernos federal, local y municipal, o en instituciones públicas de enseñanza superior, asimismo federales o locales, así como por los miembros de organizaciones profesionales o académicas de reconocido prestigio.

Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuicio de que el funcionario que dispone la diligencia ordene la intervención de otros facultativos. Los médicos de hospitales públicos son peritos oficiales ex oficio.

ARTÍCULO 86.- Cada parte nombrará hasta dos peritos. El juzgador podrá designar peritos que lo auxilien. Cuando los peritos de las partes difieran en sus apreciaciones y conclusiones, el juzgador tomará conocimiento directo de las opiniones discrepantes y nombrará peritos terceros, quienes discutirán con aquéllos y emitirán su parecer en presencia del Juez.

En todo caso, el juzgador fijará el tiempo del que disponen los peritos para emitir su dictamen, según la materia sobre la que deba versar éste, y podrá formularles las preguntas que considere pertinentes. También el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el ofendido y su asesor legal podrán formular preguntas a los peritos. Todas las preguntas se asentarán en el acta respectiva, precisando quién las formula y las respuestas correspondientes.

ARTÍCULO 87.- Se requerirá dictamen acerca de la cultura y costumbres del inculpado, el ofendido y la víctima, así como de otras personas, si ello es relevante para los fines del proceso, cuando se trate de miembros de un grupo étnico indígena.

ARTÍCULO 88.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su conocimiento especializado les sugiera. El juzgador proveerá las medidas adecuadas para el trabajo de los peritos.

Cuando el reconocimiento recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, se procurará conservar una muestra de ellos, a no ser que sea indispensable consumirlos en el primer reconocimiento que se haga.

ARTÍCULO 89.- El dictamen comprenderá, en cuanto fuere posible:

I. La descripción de la persona, cosa o hecho analizados, o bien, de la actividad o el proceso sujetos a estudio, tal como hubiesen sido hallados y observados;

II. Una relación detallada de la técnica, método y de las operaciones que se practicaron y de los resultados obtenidos de ellas;

III. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica, dejando constancia de los elementos y las razones que sustenten aquéllas; y

IV. Las fechas en que se practicaron las operaciones y se emitió el dictamen.

Asimismo, se indicará el nombre y la profesión del perito, y se precisará, en su caso, la existencia de cédula profesional y la autoridad que la expidió.

CAPITULO V
TESTIMONIO

ARTÍCULO 90.- Están obligados a declarar quienes han tenido conocimiento de las cuestiones que son materia del procedimiento, o de otras conexas con ellas, salvo que exista impedimento material insuperable. La autoridad dispondrá que declaren las personas que puedan aportar dicho conocimiento en los términos de este precepto.

No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo, cónyuge o concubino del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los relacionados con aquél por adopción o ligados a él por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

ARTÍCULO 91.- El juzgador observará y dejará constancia de todas las circunstancias que pudieran influir en la declaración del testigo. En la diligencia, cualquiera de las partes podrá manifestar los motivos que tenga para suponer que un testigo no se produce con verdad o no ha percibido correctamente los hechos sobre los que declara.

ARTÍCULO 92.- Antes de iniciar su declaración, los testigos mayores de dieciocho años rendirán protesta de decir verdad y serán advertidos de la sanción aplicable a quien incurre en falso testimonio; para este fin, se dará lectura a la disposición penal correspondiente. Se les interrogará acerca de las relaciones que tengan con el inculpado, el ofendido u otras personas relacionadas con el proceso, y se les requerirá información acerca del origen de su conocimiento de los hechos sobre los que deponen. Se adoptarán las medidas pertinentes para que ningún testigo escuche las declaraciones de otros ni puedan comunicarse entre sí durante la diligencia.

Sólo se permitirá que el testigo se halle acompañado y asistido durante su declaración, cuando deba valerse de intérprete o de persona que lo auxilie, por hallarse privado de la vista o del oído, o cuando por otras razones semejantes necesite la asistencia de un tercero.

La prueba testimonial ofrecida para acreditar determinados hechos se desahogará en una sola audiencia, misma que se dará por terminada hasta que declaren todos los testigos ofrecidos y admitidos, salvo que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 96 de este Código, en cuyo caso, declararán los testigos presentes y el testigo ausente será examinado por exhorto.

ARTÍCULO 93.- Los testigos rendirán su testimonio de viva voz, sin que se les permita leer su narración o respuestas a las preguntas que se les formulen, pero podrán consultar notas o documentos cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique las diligencias, que para este efecto conocerá previamente dichos documentos o notas.

El juzgador, el Ministerio Público y la defensa, la víctima, el ofendido y su asesor legal podrán interrogar al testigo, pero aquél dispondrá, si lo juzga necesario, que las preguntas se formulen por su conducto y desechará las capciosas o improcedentes.

Cuando la declaración se refiera a personas u objetos relacionados con los hechos materia del procedimiento, que puedan ser habidos, el funcionario que practique la diligencia ordenará que el testigo los identifique o reconozca. Igualmente, se le mostrarán los vestigios del delito, para que declare en torno a ellos.

Las declaraciones del testigo se asentarán con claridad y exactitud y se le leerán antes de que las suscriba, para que las confirme, aclare o enmiende. Si lo desea, podrá redactar por sí mismo sus declaraciones. Dará siempre la razón de su dicho.

ARTÍCULO 94.- Cuando algún testigo tuviese que ausentarse de la localidad donde se practican las actuaciones, las partes podrán solicitar que se le examine desde luego, si fuere posible. De lo contrario, podrán pedir el arraigo del testigo por el tiempo estrictamente indispensable para que rinda su declaración, que no excederá de cinco días. Si resultare que el arraigo fue infundado, el testigo podrá exigir al solicitante indemnización por los daños y perjuicios que le hubiese causado.

ARTÍCULO 95.- Si el testigo se encontrare fuera del lugar sede del Tribunal, pero en el distrito judicial, el juzgador podrá hacerlo comparecer, librando para ello la orden correspondiente, que se cursará por conducto de la autoridad judicial del punto en el que aquél se encuentre. Esta orden se extenderá en la misma forma que la cédula, agregando al expediente la contestación de la autoridad requerida.

Cuando el testigo estuviere impedido para comparecer, el juzgador podrá trasladarse dentro de los límites de su competencia territorial, o requerir a la autoridad judicial más próxima al lugar donde se encuentra el testigo para que tome a éste su declaración, sin perjuicio de las normas específicas aplicables conforme a este Código.

ARTÍCULO 96.- Si el testigo estuviere fuera del ámbito de competencia territorial del juzgador, se le examinará por exhorto dirigido al Juez de su residencia. Si se ignora ésta, se encargará a la policía del lugar donde esté ubicado el último domicilio del que se tenga conocimiento para que averigüe el paradero del testigo y lo cite. Si esta investigación no tuviere éxito, el Ministerio Público o el Juez, podrán hacer la citación mediante publicación en un periódico de los de mayor circulación.

En su caso, se agregará al expediente un ejemplar del periódico en la parte que contiene la inserción, de modo que se identifique el periódico, la fecha de publicación y la sección y página en la que ésta aparece.

CAPITULO VI
IDENTIFICACIÓN, CONFRONTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

ARTÍCULO 97.- Toda persona que identifique o se refiera a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, la filiación, el nombre, apellido, lugar de residencia, ocupación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.

ARTÍCULO 98.- Cuando sea necesario identificar a una persona, quien deba hacer la identificación declarará sobre el particular. La diligencia de confrontación tiene por objeto que el declarante reconozca a la persona sujeta a identificación, entre varias otras con aspecto y características semejantes que se le presentarán para ese propósito.

El juzgador adoptará las medidas adecuadas para el debido desarrollo de la diligencia y la seguridad de los participantes, escuchando al que deba hacer el reconocimiento en confrontación. Asimismo escuchará, preferentemente antes de la diligencia, lo que quieran manifestar, de ser el caso, quienes figuren en el grupo de personas sujetas a confrontación.

Cuando sea necesario identificar a varias personas, se practicarán confrontaciones separadas.

ARTÍCULO 99.- Si es necesario reconocerá a una persona que no esté en la diligencia y no resulte posible presentarla, podrá realizarse el reconocimiento a través de fotografías, películas o dibujos. Se mostrarán éstos a quien debe hacer el reconocimiento, junto con otros relativos a personas cuyas condiciones exteriores sean semejantes a las de quien figura en la fotografía o el dibujo que sirven para el reconocimiento. En lo conducente, se observarán las normas relativas a la diligencia de confrontación.

ARTÍCULO 100.- Cuando sea necesario el reconocimiento de un objeto o de una situación o circunstancia que puedan ser advertidas por los sentidos, se mostrarán a quien deba reconocerlos, en forma directa o a través de medios que aseguren la fidelidad de la reproducción. Si la naturaleza de la materia sujeta a reconocimiento lo permite y la autoridad lo juzga adecuado, en el mismo acto se mostrarán a quien reconoce otros objetos que guarden similitud con el que se pretende acreditar.

CAPITULO VII
CAREO

ARTÍCULO 101.- Cuando el inculpado lo solicite será careado en presencia del Juez con las personas que formulan imputaciones en su contra. Estas declararán en su presencia, si estuvieren en el lugar del juicio. En este caso, el inculpado podrá formularles las preguntas que desee y que resulten conducentes para su defensa. Asimismo, se practicarán careos entre quienes intervienen en el proceso cuando exista contradicción entre las respectivas declaraciones.

El careo sólo se realizará entre dos personas, y se estará a las reglas establecidas en materia de rendición de testimonios. La diligencia principiará leyendo a los careados sus declaraciones y haciéndoles notar la contradicción que existe entre ellas. A continuación se les requerirá para que discutan entre sí y formulen las aclaraciones y refutaciones que crean pertinentes, en presencia del juzgador. En seguida, el Ministerio Público, el defensor y el ofendido y su asesor legal pueden formular preguntas, en los términos previstos para el interrogatorio a los testigos.
Cuando por cualquier motivo no pueda obtenerse la concurrencia de alguno de los que deban ser careados, se leerá al presente la declaración del otro, haciéndole notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él, para que haga las precisiones que juzgue necesarias. Si las personas que deban carearse estuviesen fuera de la jurisdicción del tribunal, se actuará por exhorto.

Si la víctima o el ofendido son menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro.

CAPITULO VIII
DOCUMENTOS

ARTÍCULO 102.- Son públicos los documentos a los que el Código de Procedimientos Civiles del Estado o cualesquiera otras leyes locales o federales atribuyan esa naturaleza. Asimismo, lo son aquéllos que con tal carácter procedan del extranjero. Se deberá contar con la legalización de éstos, cuando el documento se transmita por la vía diplomática, si ello implica acreditación del carácter público del documento conforme a la ley extranjera aplicable.

ARTÍCULO 103.- Los documentos privados son aquellos que no reúnen las características a las que se refiere el artículo anterior. Cuando el Ministerio Público o el Juez lo estimen pertinente o sean objetados, deberán ser reconocidos por la persona a quien se atribuya ser su autor, o se cotejarán, para acreditar su validez en el procedimiento, con otros reconocidos o indubitables. Para tal fin, se mostrarán íntegros a la persona señalada como autor del documento.

ARTÍCULO 104.- La autoridad podrá requerir la exhibición de documentos que obren en poder de cualesquiera personas o instituciones, públicas o privadas. Si hubiere oposición, se substanciará como incidente no especificado.

Cuando se trate de documentos que se hallen fuera del ámbito territorial del tribunal ante el que se sigue la causa, se hará compulsa y certificación mediante exhorto.

ARTÍCULO 105.- Los documentos podrán ser presentados en todo momento hasta la fecha de la audiencia. Esta se diferirá por una sola vez, cuando resulte necesario, para establecer la autenticidad del documento, con audiencia de las partes.

CAPITULO IX
PRESUNCIONES

ARTÍCULO 106.- Las presunciones legales implican inversión de la carga de la prueba o exclusión de prueba.
CAPITULO X
INDICIOS

ARTÍCULO 107.- Los indicios son hechos conocidos de los que se infiere, lógicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar.

CAPITULO XI
VALOR JURÍDICO DE LA PRUEBA

ARTÍCULO 108.- El juzgador apreciará y valorará las pruebas con libertad. En todo caso, tomará en cuenta que éstas satisfagan los requisitos que para cada prueba según su propia naturaleza, prescribe este Código. En tal virtud, determinará la eficacia de las pruebas desahogadas, exponiendo en las resoluciones que dicte los elementos en que se funde para asignarles o negarles valor, así como cual es el que les otorga con respecto a los hechos sujetos a prueba. Lo mismo hará el Ministerio Público, en lo que corresponde a la averiguación previa.

El juez reconocerá el valor de las pruebas aportadas en la averiguación previa, si se practicaron con apego a este Código y no quedaron desvirtuadas por las pruebas desahogadas en el proceso. En este último caso, manifestará las razones que le asisten para negar valor a una prueba admitida en la averiguación previa y considerada por el Ministerio Público para el ejercicio de la acción.

ARTÍCULO 109.- En la valoración de la prueba, el juzgador observará, asimismo, las siguientes reglas:

I. Cuidará de que la confesión se rinda con riguroso apego a las normas aplicables de este Código. No basta la confesión para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad si no se halla corroborada con otras pruebas rendidas con arreglo a la ley;

II. Los documentos públicos tendrán valor probatorio pleno, salvo que se acredite su falsedad. Las partes podrán pedir su cotejo con los protocolos o los originales existentes en los archivos;

III. Apreciará los dictámenes periciales conforme a la regla general contenida en el artículo anterior. Si desecha los resultados de un dictamen, deberá manifestar las razones en que se apoya el rechazo; y

IV. Para apreciar la declaración de un testigo, tomará en cuenta:

a) Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para conocer y apreciar el acto;

b) Las circunstancias que concurran a establecer la imparcialidad del testigo en el caso concreto, y las que pudieran afectar dicha imparcialidad;

c) Que el hecho de que se trata sea perceptible por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por si mismo y no por inducciones ni referencias de otro;

d) Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias principales; y

e) Que no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputa como fuerza.

ARTÍCULO 110.- Los tribunales apreciarán el valor de los indicios, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

ARTÍCULO 111.- Se condenará al inculpado cuando se pruebe que existieron todos los elementos del delito que se le imputa y la responsabilidad correspondiente, y que no haya causas que excluyan la incriminación o extingan la pretensión punitiva. En caso de duda, se debe absolver.

TÍTULO CUARTO
AVERIGUACIÓN PREVIA

CAPITULO I
INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 112.- El Ministerio Público iniciará la averiguación previa cuando se presente ante él denuncia o querella por un hecho aparentemente delictuoso, y se hallen satisfechos los requisitos que la ley exija, en su caso, para la persecución penal.

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, tiene la obligación de formular la denuncia correspondiente.

La querella es el derecho potestativo que tienen el ofendido por el delito, las víctimas o sus legítimos representantes para poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un delito, en los casos en que se exija este requisito para la persecución de aquél y en la forma y términos previstos por la ley.

Si corresponde a una autoridad satisfacer esos requisitos o formular instancia para que se inicie la averiguación, el Ministerio Público pedirá a aquélla, por solicitud escrita, que le haga conocer su determinación sobre este punto. La autoridad deberá responder por escrito. La respuesta se agregará al expediente.

Cuando se trate de delitos contra el patrimonio de las personas, perseguibles mediante querella, una vez recibida ésta y antes de proseguir la averiguación, el Ministerio Público dispondrá que se haga formal requerimiento al indiciado para que devuelva los objetos, bienes o valores a su cargo, o formule las aclaraciones que a su derecho convengan. El Ministerio Público se abstendrá de ordenar el requerimiento y acordará el trámite que corresponda a la querella formulada, cuando el querellante demuestre haber realizado dicho requerimiento por cualquier medio fehaciente previsto por la ley.

El Ministerio Público se cerciorará de la identidad del denunciante y de la legitimación del querellante, así como de la autenticidad de los documentos que presenten. Igualmente, dispondrá que se compruebe el domicilio de ambos.

ARTÍCULO 113.- La Policía Judicial sólo podrá recibir denuncias por delitos perseguibles de oficio, cuando en el lugar no haya agente del Ministerio Público ni otra autoridad que legalmente lo sustituya. Inmediatamente dará cuenta al Ministerio Público de la denuncia recibida, para que éste asuma el conocimiento de los hechos y dicte los acuerdos procedentes.

ARTÍCULO 114.- Cuando un servidor público, con motivo y en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio, deberá denunciarlo de inmediato. Si se trata de un ilícito cuya persecución dependa de instancia que formule alguna autoridad, lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico, para que éste se lo haga saber a la autoridad que deba formular la querella. Cuando el servidor público contravenga lo dispuesto en este artículo, se le aplicará la sanción prevista para el caso de encubrimiento.

ARTÍCULO 115.- Los mayores de dieciséis años podrán querellarse por si mismos. Cuando se trate de un menor de esta edad o de un incapaz, la formulación de la querella corresponderá a quien ejerza sobre aquéllos la patria potestad o la tutela. A falta de éstos, el Ministerio Público solicitará que intervengan las autoridades encargadas de la asistencia a menores o incapaces. Lo mismo hará el Ministerio Público cuando considere que quienes ejercen autoridad sobre el menor omiten la querella por motivos ilegítimos o tienen, en la especie, intereses opuestos a los del menor.

En estos casos, el agente que tenga noticia del delito consultará al Procurador y se atendrá a lo que éste resuelva.

Son delitos perseguibles por querella en los términos previstos por el Código Penal:

I. Lesiones a que alude el artículo 116, fracciones I y II;

II. Lesiones a las que se refiere el artículo 116, fracciones III y IV, si fueren inferidas en forma culposa;

III. Lesiones previstas en el artículo 118, salvo cuando se trate de delito cometido con motivo del tránsito de vehículos y el conductor responsable se encuentre en los casos previstos por el segundo párrafo del artículo 126 del Código Penal;

IV. Rapto a que se refiere el artículo 146. La querella será formulada por la persona ofendida, su cónyuge o concubino. En el supuesto de que se trate de menor de edad o incapaz, se actuará por instancia de la ofendida o de quien ejerza sobre ésta la patria potestad o la tutela;

V. Estupro previsto en el artículo 153;

VI. Allanamiento de morada, al que alude el artículo 162 primer párrafo, cuando no medie violencia ni se realice por tres o más personas;

VII. Difamación previsto en el artículo 166. En el caso de que la persona difamada hubiere fallecido, tendrán derecho a querellarse el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos, a no ser que se acredite que en vida del fallecido éste hubiese tenido conocimiento del delito y se hubiera abstenido deliberadamente de formular querella;.

VIII. Calumnia prevista en el artículo 169. En este caso, rige para la querella lo establecido en la parte final de la fracción anterior.

IX. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, establecido en el artículo 206.

X. Sustracción o retención de menores o incapaces, a que se refieren los artículo 209 y 209 bis. La facultad de formular querella corresponde a quien tenga derechos familiares o de tutela respecto al menor o incapaz;

XI. Derogado.

XII. Ejercicio indebido del propio derecho, al que alude el artículo 282;

XIII. Delitos contra el patrimonio de las personas previstos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal, excepto el abigeato, la extorsión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas;

XIV. Hostigamiento sexual, previsto en los artículos 159 bis y 159 bis 1;

XV. Amenazas, previsto en el artículo 161; y

XVI. Violencia familiar, previsto en los artículos 208 bis y 208 Bis 1, salvo en el caso de lesiones que tarden en sanar más de quince días o que la víctima sea menor de edad o incapaz. .


ARTÍCULO 116.- La denuncia y la querella se presentarán por escrito o verbalmente. En el primer caso, deberá ser ratificada por quien la presenta. En el segundo, la autoridad que la reciba dejará constancia escrita, que deberá leer al denunciante o querellante, quien la suscribirá o estampará su huella digital. En todo caso, bajo la firma o la huella constará el nombre completo de aquél.

La denuncia y la querella satisfarán los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 8o. de la Constitución General de la República, y se limitarán a describir los hechos sin clasificarlos jurídicamente.

El funcionario que reciba aquéllas, explicará al denunciante o al querellante, sin perjuicio de la intervención de los asistentes legales de éstos, el alcance del acto que realizan, así como las sanciones aplicables a quien se produce con falsedad ante las autoridades.

ARTÍCULO 117.- Cuando el denunciante, el querellante o un tercero hagan publicar la denuncia o la querella, están obligados a publicar también, a su costa y en la misma forma utilizada para dicha publicación, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguación previa, si así lo solicita la persona en contra de quien se hubiese formulado aquélla, independientemente de la responsabilidad en que hubiere incurrido su autor.

ARTÍCULO 118.- No se requiere apoderado para la presentación de denuncias. Tratándose de delito perseguible por querella, ésta podrá ser formulada en todo caso por el ofendido, por sus representantes o asistentes legales o por mandatario, observándose en todo caso las restantes reglas aplicables a la materia. Cuando se trate de una persona jurídica colectiva, se observarán sus ordenamientos internos en lo que se refiere a la persona facultada para formular querella. El titular del derecho a querellarse ratificará la querella cuando otro la formule en su nombre.

CAPITULO II
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA

ARTÍCULO 119.- Iniciada la averiguación, el Ministerio Público o la autoridad que legalmente lo sustituya y actúe en su auxilio, adoptarán las medidas conducentes a probar la existencia de los elementos del cuerpo del delito en el caso que se investiga, las circunstancias en que se cometió éste, y la identidad y responsabilidad de quienes participaron en él, así como a salvaguardar los legítimos intereses del ofendido, asegurar las personas y cosas relacionadas con los hechos y, en general, desarrollar legalmente la averiguación, conforme a la naturaleza y finalidades de ésta.

El Ministerio Público o quien lo sustituya y auxilie adoptarán o solicitarán sin demora las medidas precautorias que procedan en relación con las personas o con los bienes relacionados con la averiguación.

Se observarán y harán constar cualesquiera datos relevantes para el ejercicio de la acción y para la formulación de conclusiones del Ministerio Público, para precisar la reparación del daño y el monto de los daños y perjuicios, así como para la individualización penal que realice el juzgador, en su caso, conforme a las estipulaciones del Código Penal. Asimismo, el Ministerio Público pondrá en conocimiento del juzgador los elementos que pudieran ser tomados en cuenta para fijar la caución correspondiente a la libertad provisional o resolver sobre la libertad bajo protesta.

El Ministerio Público levantará, por duplicado, acta de todas las actuaciones que disponga o practique y dejará en el expediente constancia de los acuerdos que dicte. Se integrarán a éste los documentos relacionados con la averiguación, y de ser posible, se llevará un control y seguimiento de todas las averiguaciones mediante sistemas de cómputo, para verificar la eficacia y la legalidad estricta de la actividad del Ministerio Público.

ARTÍCULO 120.- Antes de iniciar cualquier otra diligencia, se hará saber al indiciado los hechos que se le atribuyen y la persona que se los imputa, así como el derecho que tiene de comunicarse con quien desee, facilitándole los medios para ello, designar defensor que lo asista, declarar o abstenerse de hacerlo y obtener, en su caso, la libertad provisional. Si no se practica esta notificación, que deberá constar de manera fehaciente, serán nulas de pleno derecho las actuaciones que se desarrollen e incurrirán en responsabilidad los funcionarios que las realicen.

Si el inculpado no designa defensor o éste no se halla presente y no puede ser habido sin tardanza, el Ministerio Público le nombrará uno de oficio, que entrará de inmediato al desempeño de su función, en forma tal que el inculpado cuente con defensa desde el momento en que participe en la primera diligencia.

Serán aplicables al defensor durante la averiguación previa, en lo procedente, las reglas que rigen la actividad de éste durante el proceso.

ARTÍCULO 121.- Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la conciliación entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobre aquéllos. Si se trata de individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta los usos y costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador.

ARTÍCULO 122.- El Ministerio Público cuidará que se preste al ofendido, a la víctima y al inculpado, la atención médica de urgencia que requieran con motivo de la comisión del delito, en su caso. Para ello, el Ministerio Público solicitará la intervención de las autoridades correspondientes.

En lo que corresponde a la asesoría jurídica del ofendido y, en su caso, de la víctima, y a su participación en la averiguación previa, se estará a lo dispuesto en los artículos 17 y 258.

ARTÍCULO 123.- Compete al Ministerio Público resolver la detención del indiciado, en su caso, cuando se cumplan las condiciones previstas por el artículo 16 de la Constitución General de la República. Si no se satisfacen estos extremos, decretará la inmediata libertad del sujeto. Incurrirá en responsabilidad si no lo hace.

En la averiguación previa, el Ministerio Público otorgará al indiciado la libertad provisional en los supuestos y con los requisitos que este Código previene para ello. Si se ejercita la acción penal, la libertad proseguirá y la garantía se entenderá prorrogada tácitamente mientras el juez no decida otra cosa. El Ministerio Público hará constar los elementos considerados para fijar la naturaleza y el monto de la garantía.

ARTÍCULO 124.- Cuando un detenido o un ofendido ingresen en un establecimiento de salud, el encargado de éste deberá dar cuenta al Ministerio Público o al juez, en su caso, acerca de la evolución del tratamiento. No permitirá el egreso del detenido sin orden de autoridad competente.

ARTÍCULO 125.- En la averiguación previa, el Ministerio Público recibirá las pruebas que el inculpado o su defensor aporten. Las tomará en cuenta como legalmente corresponda, razonando su apreciación en la determinación que adopte al concluir la indagatoria. Cuando no sea posible el pleno desahogo de las pruebas de la defensa, quedará a salvo la posibilidad de que se hagan valer ante la autoridad judicial.

ARTÍCULO 126.- Cuando una autoridad distinta del Ministerio Público practique actuaciones de averiguación previa en auxilio del órgano investigador, por encomienda de éste o por ministerio de ley, deberá remitir a aquél todo lo actuado y poner a su disposición a los detenidos, en su caso, sin demora.

ARTÍCULO 127.- Si el Ministerio Público estima necesario el arraigo del indiciado, lo solicitará fundada y motivadamente al órgano jurisdiccional. Este resolverá lo que proceda. Si se decreta el arraigo, el afectado podrá ocurrir al Juez para alegar lo que a su derecho corresponda. El Juez en una sola audiencia escuchará al Ministerio Público y determinará si mantiene la medida o la levanta. El arraigado otorgará garantía patrimonial de sujetarse a las condiciones inherentes a esa medida. El juzgador fijará el monto de la garantía según las características del caso. La constitución de aquélla se hará, en lo conducente, conforme a las disposiciones de este Código sobre caución para el disfrute de la libertad provisional. Si el arraigado no constituye la garantía, el juzgador dispondrá que se integre con afectación de bienes inmuebles o muebles que pertenezcan al indiciado, o de una parte de las percepciones que éste reciba por cualquier título jurídico.

El arraigo implica vigilancia del arraigado por parte de la autoridad, y se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para que se integre debidamente la averiguación. No podrá exceder de treinta días, prorrogables por igual periodo, a petición motivada del Ministerio Público.

ARTÍCULO 128.- Se reservará el expediente cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos bastantes para ejercitar la acción, pero exista la posibilidad de practicar otras con posterioridad hasta agotar la averiguación. La resolución de reserva se notificará personalmente al ofendido y a su asesor legal.

El Ministerio Público revisará periódicamente los expedientes en reserva, para ordenar, en su caso, la reanudación de las investigaciones.

ARTÍCULO 129.- El Ministerio Público no ejercitará la acción penal y pondrá en libertad al indiciado, en su caso, cuando quede plenamente comprobado que los hechos no son constitutivos de delito, el inculpado no intervino en ellos, existe una causa excluyente de responsabilidad o se ha extinguido la pretensión punitiva, así como cuando resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable.

Si el agente a cargo de la investigación considera, en los términos del párrafo anterior, que procede el no ejercicio de la acción penal, formulará la consulta respectiva al Procurador o a quien deba decidir, por delegación de aquél. Se notificará personalmente al ofendido y a su asesor legal, para que aporten los elementos y formulen las consideraciones que estimen pertinentes, dentro de los quince días siguientes a la notificación. Recibidos estos elementos, se resolverá lo que proceda.

ARTÍCULO 130.- Si el Ministerio Público resuelve no ejercitar la acción, lo hará saber a quienes hubiesen promovido el procedimiento señalado en el último párrafo del artículo anterior. Estos podrán impugnar el acto ante una autoridad jurisdiccional, conforme a la competencia que al respecto establezca la legislación correspondiente, dentro de los quince días de la notificación que se les haga. El Tribunal citará a los recurrentes y al Ministerio Público, recibirá las pruebas y las consideraciones jurídicas que éstos aporten, y decidirá en definitiva.

En su resolución, aquel tribunal se limitará a apreciar si están reunidos los elementos que la Constitución de la República y este Código previenen para el ejercicio de la acción, sin formular declaración alguna sobre la responsabilidad penal que en definitiva corresponda al indiciado. Si el tribunal considera que procede la consignación, lo notificará al Ministerio Público para que éste actúe conforme a sus atribuciones. Contra la resolución del Tribunal, el Ministerio Público puede recurrir ante el superior del juzgador que dictó aquella resolución.

La resolución de no ejercicio de la acción será firme cuando el interesado no actúe según lo previsto en este artículo y cuando se confirme la determinación del Ministerio Público, una vez desarrollado el procedimiento de impugnación respectivo.
ARTÍCULO 131.- Derogado.

CAPITULO III
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

ARTÍCULO 132.- El Ministerio Público ejercitará la acción penal, en forma motivada y fundada, cuando a su juicio se hayan comprobado los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, citando la jurisprudencia aplicable y solicitando, en su caso, la aprehensión o la presentación del inculpado. En el escrito de consignación precisará la fecha y hora en que se formule, puntualizará los hechos, examinará la responsabilidad que por ellos se atribuya, señalará las pruebas que acrediten aquéllos y ésta, relacionando cada elemento del cuerpo del delito, así como los datos en que se sustenta la probable responsabilidad, con los medios de prueba que los acrediten, formulará los señalamientos que procedan sobre las características y personalidad del inculpado y de la víctima, lo relativo a la existencia y monto de los daños y perjuicios causados, para los efectos de la reparación correspondiente, expondrá los elementos que sea debido tomar en cuenta para conceder o negar la libertad provisional y fijará el monto de la caución respectiva, señalará la filiación del inculpado, su domicilio o el lugar en el que pueda ser localizado y manifestará cuanto resulte pertinente para obtener del juzgador las resoluciones que legalmente correspondan.

ARTÍCULO 133.- El Ministerio Público no podrá ejercitar la acción penal en contra de un inculpado y por unos hechos delictivos que hubiesen quedado comprendidos en consignación practicada con anterioridad, cualquiera que hubiese sido la resolución judicial recaída a este respecto, salvo cuando se trate de la modificación o ampliación del ejercicio de la acción a las que se refiere el artículo 159.

ARTÍCULO 134.- Cuando estén comprobados los elementos del cuerpo del delito y la participación del inculpado en los hechos y se considere que éste se halla en estado de inimputabilidad, el Ministerio Público podrá disponer, bajo su estricta responsabilidad, que sea internado en un establecimiento de salud, si esto es indispensable conforme a las circunstancias del caso, o lo entregará al cuidado de quienes tengan legalmente la obligación de hacerse cargo de él, quienes otorgarán para tal efecto la caución que fijará el Ministerio Público en forma individualizada. El Ministerio Público escuchará al defensor y recibirá las pruebas que éste promueva, conducentes a sostener los legítimos intereses del inculpado.

Si no se hallan satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución General de la República, se decretará la inmediata libertad del inculpado, quien quedará al cuidado de quienes legalmente deban hacerse cargo de él.

ARTÍCULO 135.- Una vez ejercitada la acción penal, el ofendido o su representante, con intervención del asesor jurídico de aquél, en su caso, podrán ejercitar la civil que corresponda para exigir la reparación de los daños y perjuicios causados por los hechos materia de la consignación. Actuarán en el momento y conforme a las reglas estipuladas en este ordenamiento.

ARTÍCULO 136.- El Ministerio Público promoverá el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado durante la instrucción, requiriendo para ello la autorización del funcionario que corresponda, cuando se haya probado cualquiera de los extremos que determinan el no ejercicio de la acción penal. Contra este acto del Ministerio Público procede el recurso estipulado en el artículo 130, con la tramitación y efectos que ese precepto dispone.

CAPITULO IV
ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y PROBABLE RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 137.- Para comprobar los elementos del cuerpo del delito, se establecerá la adecuación de los hechos acreditados con los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito.
En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito, un elemento subjetivo o normativo como elemento constitutivo esencial, será necesaria su acreditación.

La probable responsabilidad del indiciado, se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o culposo en el delito que se le imputa y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito o que extinga la pretensión punitiva.

Artículo 138.- Para comprobar la existencia de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad ó del delito y la plena responsabilidad del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez tendrán plena libertad para emplear los medios de prueba que estimen adecuados, según su criterio, aún de aquellos no comprendidos en la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta.

CAPITULO V
OBJETOS RELACIONADOS CON EL DELITO

ARTÍCULO 139.- Serán asegurados e inventariados, según su naturaleza y características, los instrumentos, objetos o productos del delito, antes de practicar el reconocimiento y la inspección correspondientes. Una vez practicadas éstas, serán depositados, en su caso, con el Ministerio Público o el juzgador, o en la dependencia o institución que éstos determinen, tomando en cuenta las características de lo que se debe depositar y los requerimientos de su conservación.

Cuando se trate de delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, previa inspección, fotografía y, en su caso, toma de muestras de pintura, así como el dictamen mecánico correspondiente y fe de los mismos, éstos se entregarán en depósito a quien demuestre ser su propietario o legítimo poseedor, advirtiéndole de las obligaciones que contrae en virtud del depósito. El depositario queda obligado a presentar el vehículo cuando lo requiera una autoridad competente.

Se procederá a la fijación, reproducción, aseguramiento, descripción y conservación de las huellas o vestigios del delito, según lo permitan sus características.

Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas a las que se refieren los párrafos anteriores, la diligencia comenzará haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en el que se hallaba al ser asegurada. Si se considera que ha sufrido alteración, se expresarán los signos o señales que permitan presumirla.

Una vez que se hubiere pronunciado sentencia ejecutoria, los objetos relacionados con la causa, serán entregados sin demora a quien legítimamente corresponda. Si no hay determinación al respecto, y si los mismos tienen alguna utilidad, se destinarán a instituciones de procuración y administración de justicia, y de no tenerla, serán destruidos, levantándose a tal efecto el acta correspondiente en la que se detallarán los objetos que se destruyen, la relación de su origen y el número del expediente al que correspondan. Es competente para la realización del procedimiento anterior el juzgador que tenga bajo su guarda los objetos relacionados con el delito.

ARTÍCULO 140.- Los cadáveres serán identificados por cualquier medio de prueba. La autoridad competente ordenará el reconocimiento por quienes puedan aportar datos conducentes a ese fin, así como la exposición de fotografías y descripciones con el mismo propósito.

Una vez realizadas la inspección, la descripción y el reconocimiento, la autoridad resolverá el lugar en el que deban quedar los cadáveres y adoptará las medidas necesarias para asegurar la práctica de la necropsia. En el caso de que un cadáver no fuera identificado dentro de los tres días siguientes a la fecha en que fue encontrado, se ordenará su inhumación una vez practicadas todas las diligencias conducentes a su identificación y después de tomarle las fotografías correspondientes y de haberle practicado la necropsia.

CAPITULO VI
ATENCIÓN MEDICA Y SOCIAL

ARTÍCULO 141.- El Ministerio Público dispondrá que se preste al ofendido la atención médica de urgencia que requiera. Para tal fin ordenará que se le conduzca al establecimiento del sector salud del Estado que deba recibirlo para su cuidado. En el caso de que un lesionado necesite inmediata atención médica, cualquier persona podrá auxiliarlo y trasladarlo al lugar en el que pueda recibirla, y comunicará a la autoridad, sin demora, los datos que conozca a propósito del lesionado, de las lesiones que presenta y de las circunstancias en las que éstas se produjeron, así como los demás que la autoridad requiera para la investigación.

La atención de quienes sufran lesiones provenientes de delito se hará en hospitales públicos, salvo que la autoridad autorice la atención privada, considerando las características del caso, los requerimientos de la averiguación y la situación jurídica del lesionado. Aquélla fijará las condiciones a las que deban sujetarse el lesionado y quien se haga cargo de él, en cuanto a tratamiento médico, comparecencia ante autoridades que legítimamente lo requieran, notificación de cambios de establecimiento o domicilio, expedición de certificados y rendición de informes.

Los informes que expidan médicos particulares, serán revisados y ratificados, en su caso, por peritos oficiales, quienes harán el dictamen definitivo.

ARTÍCULO 142.- La responsiva que otorguen médicos particulares incluirá las siguientes obligaciones, además del deber de suministrar a las autoridades toda la información que éstas requieran acerca del tratamiento del sujeto:

I. Atender debidamente al lesionado;

II. Informar a la autoridad que conozca del procedimiento cualquier accidente o complicación que sobrevengan, expresando si es consecuencia inmediata o necesaria de las lesiones o proviene de otra causa;

III. Comunicar inmediatamente a la misma autoridad cualquier traslado que se disponga para la atención médica del lesionado; y

IV. Extender, en su caso, certificado de defunción o de sanidad, con los datos pertinentes.

ARTÍCULO 143.- Cuando un delito sea cometido dolosamente por quienes tienen a su cuidado al ofendido, y éste sea menor de edad o incapaz, o por cualquier otra circunstancia no pueda valerse por si mismo, el Ministerio Público adoptará de inmediato las medidas necesarias para su debida protección, requiriendo la colaboración de las instituciones públicas o privadas que puedan brindarla, o la de particulares que ofrezcan hacerlo en atención a los vínculos que los unen con el ofendido.

CAPITULO VII
DETENCIÓN

ARTÍCULO 144.- En caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado. Quien haga la captura debe poner al detenido, sin demora, a disposición de la autoridad inmediata. Esta lo entregará al Ministerio Público. El traslado del detenido se hará sin más dilación que la estrictamente necesaria conforme a las circunstancias del caso.

Hay flagrancia cuando el inculpado:

I. Es detenido en el momento de cometer el delito;

II. Después de ejecutado éste, es perseguido sin interrupción;

III. En el caso de que dentro de las 72 horas siguientes de ocurridos los hechos, alguien lo señala como responsable de ellos y se encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con el que aparezca cometido o indicios que hagan presumir su participación.

Será sancionado penalmente quien detenga a una persona en los casos señalados en este artículo y no la ponga sin demora a disposición de la autoridad, utilizando para ello los medios a su alcance, o practique por su cuenta diligencias de investigación de los hechos.

ARTÍCULO 145.- El Ministerio Público puede ordenar la detención del indiciado en caso de urgencia.

Hay urgencia cuando:

I. Se trata de delito grave. Son delitos graves, para los efectos de este Código:

a) Los perseguibles de oficio y sancionados con más de ocho años de prisión, en el término medio de la punibilidad correspondiente, así como los cometidos con alguna calificativa prevista por la ley; y

b) Los cometidos por reincidentes, perseguibles de oficio y sancionados con más de cuatro años de prisión, en el término medio de la punibilidad respectiva, así como los realizados con alguna calificativa prevista por la ley.

c) La tentativa punible de ilícitos graves también tendrá esa característica, independientemente del término medio aritmético de la punibilidad correspondiente a dicha tentativa.

II. Existe riesgo de que el indiciado pretenda sustraerse a la acción de la justicia. La calificación del riesgo se fundará en los siguientes elementos: gravedad y consecuencias del delito, circunstancias en que fue cometido, características y antecedentes del indiciado, y condiciones y actitud del ofendido; y

III. No es posible obtener inmediatamente orden judicial de aprehensión, tomando en cuenta la hora, el lugar y las circunstancias, entre éstas y el hecho de que la averiguación no esté concluida y no sea posible, por lo tanto, procederá a la consignación y recabar orden de aprehensión.

Para los efectos de este artículo, se entiende por calificativa, toda hipótesis que de actualizarse implique un aumento en la sanción prevista para cualquier delito.

ARTÍCULO 146.- La detención del inculpado por el Ministerio Público no excederá de cuarenta y ocho horas. Este plazo podrá duplicarse cuando haya elementos que permitan establecer, razonablemente, que el indiciado cometió el delito que se le atribuye en la forma prevista por el artículo 147.

Si no es posible ejercitar la acción penal dentro de los plazos mencionados en este precepto, el inculpado deberá ser puesto en inmediata libertad, sin perjuicio de que continúe la averiguación.

ARTÍCULO 147.- Se entiende que hay delincuencia organizada para la comisión de delitos graves, cuando incurran en este género de ilícitos, tres o más personas asociadas permanentemente con esa finalidad delictuosa.

ARTÍCULO 148.- Cuando se trate de detener a personas encargadas de la prestación de servicios o el manejo de fondos públicos, se tomarán las medidas conducentes a la seguridad de los valores y la continuación del servicio.

ARTÍCULO 149.- Si el indiciado tiene inmunidad, la autoridad se sujetará a las normas aplicables a ella, sin perjuicio de adoptar las medidas a su alcance para evitar que aquél se sustraiga a la acción de la justicia. Si el indiciado intenta hacerlo, la autoridad encargada de su vigilancia solicitará instrucciones a quien deba resolver legalmente, y actuar conforme a ellas.

ARTÍCULO 150.- Si el inculpado detenido requiere atención médica, y para tal efecto ingresa en un establecimiento de salud, se atenderá a lo previsto en el capítulo anterior. La custodia del detenido corresponderá a la policía judicial, conforme al acuerdo que dicte el Ministerio Público, y se ejercerá bajo la autoridad de quien se halle a cargo del establecimiento.

Cuando proceda la externación del inculpado, el encargado del establecimiento de salud dará cuenta al Ministerio Público o al juzgador, si ya se ha ejercitado la acción penal, quienes resolverán lo que proceda. Dicho encargado no dispondrá en ningún caso la externación del detenido si no media resolución escrita de la autoridad a cuya disposición se encuentra éste.

TÍTULO QUINTO
PROCESO

CAPITULO I
NORMAS GENERALES PARA LA INSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 151.- En la instrucción se ofrecerán, ordenarán y desahogarán, según corresponda, por instancia de las partes o de oficio, las pruebas conducentes al esclarecimiento de los elementos que integran el delito y de la responsabilidad del inculpado, y lo relativo a la existencia y cuantía de daños y perjuicios ocasionados por el delito, para los efectos de la acción reparadora. Asimismo, el juzgador observará las circunstancias del delito y del ofendido que deban ser tomadas en cuenta, conforme al Código Penal, para la individualización de las sanciones, en su caso.

ARTÍCULO 152.- Cuando en un proceso penal sea necesario comprobar una cuestión civil, la comprobación se hará por cualquier medio de prueba. La resolución dictada en aquél no servirá de base para el ejercicio de acciones civiles que pudieran derivar del derecho expresado.

CAPITULO II
INICIO DE LA INSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 153.- El juez radicará la causa inmediatamente que reciba la consignación, si hay detenido. Si no lo hay, la radicará dentro de los diez días siguientes al recibo de aquélla; y dentro del mismo plazo, contado a partir de la radicación, dictará o negará la orden de aprehensión o de presentación para declaración preparatoria.

Procede la queja contra la omisión del tribunal en resolver oportunamente la radicación o el pedimento de aprehensión o presentación de los inculpados.

ARTÍCULO 154.- El auto de radicación se iniciará con la fecha y la hora en que se reciben las actuaciones, y en su caso, el detenido. En la resolución, el juzgador analizará su competencia para conocer del asunto. Si se estima incompetente y no hay detenido, turnará la causa al juez que considere competente, previa audiencia del Ministerio Público. Si hay detenido, dictará las resoluciones que no admiten demora, entre ellas la determinación que menciona el párrafo siguiente, y enviará la causa al juzgador competente, previa audiencia del inculpado y del Ministerio Público. Las cuestiones de competencia que se susciten en esta etapa se resolverán conforme a lo previsto por este Código para los conflictos de competencia en general.
Asimismo, cuando haya detenido examinará el juzgador la legitimidad de la detención, conforme a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución General de la República. Si aquélla no se ajustó a lo estipulado en los párrafos cuarto, quinto y séptimo de dicho precepto, pondrá al detenido en inmediata libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público solicite nueva orden de aprehensión y continúe el proceso, e informará al Procurador sobre la liberación.

ARTÍCULO 155.- Satisfechos los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución General de la República, el juez expedirá orden de aprehensión, fundada y motivada, citando la jurisprudencia aplicable, con la clasificación de los hechos delictuosos por los que se dispone la captura. Para el cambio de clasificación de los hechos en el curso del proceso, se estará a lo previsto en este Código. Cuando se modifique dicha clasificación, el juzgador lo hará saber al inculpado y le explicará las características de la nueva clasificación establecida.

Quien ejecute la orden de aprehensión debe poner al aprehendido físicamente a disposición de su juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, dejando constancia del tiempo transcurrido y de las incidencias presentadas, en caso de haberlas, entre el momento de la captura y aquél en que se pone al sujeto a disposición del juez.

Cuando la persona que se deba aprehender se encuentre recluida en lugar distinto al de residencia del Juez, se tendrá por cumplida la orden cuando se haga de su conocimiento esta circunstancia por la Policía Judicial. Hecho esto, el Juez requerirá inmediatamente auxilio del Juez que resida en el lugar donde se encuentre el detenido para que le tome su declaración preparatoria y resuelva la situación jurídica.

ARTÍCULO 156.- El Ministerio Público solicitará orden de presentación del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, cuando no sea aplicable la prisión preventiva o sea procedente conceder la libertad provisional bajo protesta o caución. Quedará sin efectos la orden expedida cuando el inculpado se presente voluntariamente ante la autoridad judicial para el fin previsto en la primera parte de este párrafo. Las órdenes de presentación sólo podrán ser cumplidas en horas hábiles para el despacho del tribunal que las expide. Incurre en responsabilidad el agente de la autoridad que ejecuta una orden de presentación contraviniendo esta norma.

Asimismo, el Ministerio Público podrá pedir el arraigo del inculpado, que el tribunal resolverá con audiencia de éste, tomando en cuenta las características del caso. Este arraigo no podrá exceder del plazo previsto por la Constitución General de la República para la conclusión del proceso.

ARTÍCULO 157.- Para los efectos constitucionales y legales que correspondan, se entiende que el inculpado se halla a disposición de su juez desde el momento en que queda bajo la autoridad de éste por comparecencia voluntaria o presentación que haga la autoridad en el local judicial, la prisión preventiva o el centro de salud que correspondan, sin perjuicio de que se le conceda o confirme la libertad provisional.

El encargado del reclusorio o del centro de salud asentará en el documento que con este motivo exhiban quienes presentan al detenido, el día y la hora en que lo recibe, así como las condiciones en que ingresa al establecimiento. Para esto último, se dispondrá que el médico del reclusorio examine inmediatamente al presentado y haga constar, bajo su más estricta responsabilidad, el estado que guarda en el momento de su ingreso. Lo mismo se hará cuando el inculpado no deba quedar privado de su libertad, si este mismo lo solicita o el juzgador lo considera conveniente. El resultado del examen se agregará al expediente.

ARTÍCULO 158.- Si por datos posteriores a su solicitud, el Ministerio Público estima que ya no es procedente una orden de aprehensión o de presentación, y ésta no se ha ejecutado aún, pedirá su cancelación con acuerdo del Procurador o del funcionario que, por delegación de aquél, haya de resolver.

La cancelación no impide que continúe la averiguación y que posteriormente se solicite de nuevo la orden, salvo que deba sobreseerse el proceso en virtud de la naturaleza del hecho que determine la cancelación. La solicitud del Ministerio Público, una vez confirmada por el superior jerárquico, estará sujeta a lo previsto en el artículo 130 de este Código.

ARTÍCULO 159.- Cuando el Ministerio Público considere que deben modificarse los hechos por los que se hizo la consignación, y todavía no se ha ejecutado la orden de captura o presentación, lo hará saber al juzgador, modificando o ampliando, para ello, el ejercicio de la acción penal. Si la orden fue ejecutada, el Ministerio Público formulará el pedimento de modificación del cuerpo del delito o la ampliación mencionadas, del que se dará vista al inculpado cuando se le informe acerca de los cargos que se formulan en su contra, para que los conozca y pueda defenderse de ellos.

ARTÍCULO 160.- Si el juez niega la aprehensión o la comparecencia, y la negativa no tiene efectos de sobreseimiento, el Ministerio Público podrá promover pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente. En ningún caso se devolverá al Ministerio Público el expediente en el que éste ejercitó la acción penal, para que reanude la averiguación como autoridad investigadora.

Se estará a lo previsto en el artículo 174 acerca de la libertad absoluta del inculpado, cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original.

ARTÍCULO 161.- La detención de servidores públicos se comunicará al superior jerárquico de éstos. Los miembros de la judicatura, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas o la policía que estuviesen detenidos o sujetos a prisión preventiva, deberán sufrir ésta en prisiones especiales, si las hubiere, o en secciones especiales de los reclusorios comunes, cuidándose en todo caso de brindarles adecuadas condiciones de seguridad. No podrán considerarse prisiones especiales los cuarteles u oficinas, ni los domicilios particulares de los detenidos.

ARTÍCULO 162.- Si se concede la suspensión definitiva en amparo contra una orden de aprehensión o de presentación para emitir declaración preparatoria que aún no se hubiese ejecutado, el tribunal que la libró solicitará al que concedió la suspensión que haga comparecer al inculpado en su presencia dentro del plazo que para ese efecto disponga, para que rinda declaración preparatoria y para los demás efectos del procedimiento.

ARTÍCULO 163.- En cuanto el detenido quede a disposición del juzgador, una vez radicada la causa el Juez procederá de inmediato a determinar si la detención fue realizada en los términos que prescribe la Constitución, y antes de que rinda declaración le hará saber el derecho que tiene a nombrar defensor o a defenderse por sí mismo, en los términos que establece la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional y la garantía que le asiste para que el defensor comparezca y realice una defensa adecuada en todos los actos del proceso. Si el inculpado nombró defensor en la averiguación previa, este mismo en forma preferente, se tendrá por designado en el proceso, salvo que el propio inculpado resuelva otra cosa. Asimismo, se le auxiliará para lograr la presencia inmediata del defensor, a fin de que asuma la defensa.

Se recibirá la declaración preparatoria del inculpado en audiencia pública, dentro del plazo y con las garantías mencionadas en la fracción III del apartado A del artículo 20 constitucional.

En todo caso, el juez cuidará la debida observancia de los plazos que la Constitución previene para el desahogo de actos procesales en esta etapa de la instrucción. De considerarlo conveniente, fijará el tiempo de espera que estime razonable para lograr la presentación del defensor designado.

La designación deberá recaer en persona que esté en condiciones de ejercer materialmente la defensa. El particular designado protestará el debido cumplimiento de su función. Cuando designe a varios defensores, el inculpado nombrará a un representante común, que intervenga en todos los actos de defensa; si el inculpado no hace el nombramiento, lo harán los mismos defensores o, en su defecto, el juzgador.

En caso de que el particular designado no sea licenciado en derecho, el tribunal nombrará a un defensor de oficio para que asesore a aquél y a su defensor particular en el curso del procedimiento.

Si el inculpado no tiene persona que lo defienda, se rehusa a hacer la designación respectiva o el designado no comparece en tiempo, el juez nombrará a un defensor de oficio, que inmediatamente se hará cargo de la asistencia jurídica de aquél.

ARTÍCULO 164.- El defensor debe asistir al inculpado en los actos del proceso, conforme a la naturaleza y características de las diligencias. Para tal efecto, el tribunal requerirá oportunamente al defensor cada vez que sea necesaria su intervención. Sin embargo, éste debe estar al tanto de la marcha del proceso para ejercer puntualmente las funciones que le competen. Incurrirá en responsabilidad si no lo hace, en los términos del Código Penal del Estado.

ARTÍCULO 165.- Una vez que el inculpado cuente con defensor, el tribunal le hará saber, en presencia de éste, los hechos que se le imputan y las personas que lo señalan como responsable de ellos, le recordará el derecho que le asiste a obtener libertad provisional, si no la ha solicitado, y le hará saber que puede abstenerse de declarar, si así lo desea.

Igualmente, el tribunal enterará al inculpado de los derechos que la Constitución General de la República instituye en su favor con motivo del proceso y de las obligaciones a las que se halla sujeto, y le dará la explicación que considere necesaria o que éste solicite acerca de las características del juicio que se le sigue.

ARTÍCULO 166.- Al concluir la diligencia prevista en la última parte del artículo anterior, el juez explicará al inculpado, en términos sencillos, la naturaleza y el alcance de la declaración preparatoria. En seguida procederá a tomar dicha declaración, que el inculpado rendirá verbalmente. En este acto, el inculpado no podrá recibir consejo de persona alguna, salvo en lo que toca a las informaciones que deba darle el juzgador. Si el inculpado lo desea, podrá dictar su declaración, y si no lo hiciere la dictará con la mayor exactitud, el juez que practique la diligencia.

Durante la diligencia, tanto el Ministerio Público como el defensor podrán interrogar al inculpado. Cuando el juez lo considere pertinente, dispondrá que las preguntas se hagan por su conducto. Se asentarán en el acta las preguntas y las respuestas, así como el acuerdo del juzgador cuando deseche preguntas improcedentes, indicándose siempre cuál fue la pregunta formulada y por qué razón se consideró improcedente.

ARTÍCULO 167.- Radicada la causa, la autoridad judicial practicará sin dilación todas las diligencias procedentes que soliciten las partes, así como aquéllas que sea posible desahogar cuanto antes y que considere conducentes para resolver la situación jurídica del inculpado dentro de los plazos legalmente previstos para ello.

ARTÍCULO 168.- Cuando se trate de delitos perseguibles por querella, el juzgador podrá promover las actuaciones de conciliación a las que se refiere el artículo 121, sin perjuicio de que el proceso continúe en los términos previstos por la ley, mientras no se otorgue el perdón al inculpado.

CAPITULO III
AUTOS DE PROCESAMIENTO Y DE LIBERTAD POR
FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR

ARTÍCULO 169.- Dentro de setenta y dos horas contadas desde el momento en que el inculpado quedó a disposición de la autoridad judicial, y una vez tomada la declaración preparatoria, en caso de que el inculpado quisiere rendirla, se dictará auto de formal prisión si quedaron acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Para ello, se estará a lo dispuesto en el artículo 137.

El plazo previsto en el párrafo anterior se ampliará una sola vez por otras 72 horas, exclusivamente cuando el inculpado o su defensor lo soliciten durante las primeras 48 horas siguientes a su puesta a disposición ante el Juez, por convenir así para el desahogo de pruebas que el solicitante proponga. De la ampliación del plazo se notificará al encargado de la institución en la que se halle detenido el inculpado.

En el transcurso del período de ampliación, el Ministerio Público puede hacer las promociones correspondientes al interés social que representa, sólo en relación con las nuevas pruebas o alegaciones propuestas por el inculpado o su defensor.

ARTÍCULO 170.- Si el delito que se atribuye al inculpado no está sancionado con prisión, o amerita sanción alternativa o no privativa de libertad, el juez dictará auto de sujeción a proceso una vez satisfechos los requisitos exigidos para el de formal prisión.

ARTÍCULO 171.- En los casos mencionados en los dos artículos precedentes, el auto de procesamiento que corresponda se dictará por los delitos que aparezcan comprobados, tomando en cuenta los hechos materia de la consignación y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondientes, aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores.

ARTÍCULO 172.- Los autos de procesamiento se notificarán a las partes personalmente, de inmediato. Cuando se trate de formal prisión, se notificará también al encargado de la institución en que se encuentre bajo custodia el sujeto, para los efectos de la parte final del primer párrafo del artículo 19 constitucional. Si el encargado de la custodia no recibe la notificación al vencerse el plazo constitucional correspondiente o, en su caso, el plazo ampliado, lo hará saber sin demora al juzgador y al Ministerio Público. Si no recibe constancia del auto de formal prisión en las tres horas siguientes al vencimiento del plazo, pondrá en libertad al detenido, informando del hecho a las autoridades mencionadas.

ARTÍCULO 173.- Una vez dictado el auto de procesamiento, se identificará al procesado. La autoridad judicial comunicará a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso, para que se haga la anotación respectiva.

Sólo se expedirán constancia de antecedentes e identificación cuando lo requiera una autoridad competente o lo solicite el interesado por serle necesaria para el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho previstos en la ley.

ARTÍCULO 174.- Cuando no se satisfagan los requisitos para disponer el procesamiento, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar. Si lo que corresponde es el sobreseimiento, se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta.

Si sólo se resuelve la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público podrá impugnar la resolución judicial que la disponga o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. La libertad tendrán carácter definitivo cuando transcurran dos años desde que se dispuso aquélla, sin que se expida nueva orden de captura o presentación sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción. Las nuevas pruebas que promueva el Ministerio Público serán desahogadas en presencia del inculpado y su defensor, salvo que no comparezcan a pesar de haber sido citados legalmente. Cuando el ausente sea el defensor particular, el juez designará a un defensor de oficio.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ARTÍCULO 175.- Cuando deba continuar el proceso en vía ordinaria, para el caso de no estar en el supuesto del artículo 185, se indicará así en el auto de procesamiento, y se fijará a las partes un plazo de quince días para ofrecer pruebas. El plazo se contará a partir de la notificación de aquel auto, Concluido dicho plazo o renunciado por las partes, se procederá al desahogo de las pruebas dentro de los treinta días siguientes a la expiración de aquél o a la manifestación de la renuncia.

ARTÍCULO 176.- La instrucción y el proceso deberán concluir en el menor tiempo posible. En todo caso, la instrucción deberá concluir dentro de seis meses y el proceso dentro de doce, si se trata de delito sancionado con más de dos años de prisión, en su término máximo. La misma norma se observará en caso de concurso, si resulta procedente considerando la sanción aplicable.

La instrucción concluirá dentro de dos meses y el proceso dentro de cuatro, si la prisión es inferior a la prevista en el párrafo anterior o la ley sólo dispone una sanción no privativa de libertad.

Los plazos se contarán a partir del auto de radicación. El correspondiente a la instrucción se extiende hasta el auto que cierra ésta. El relativo al proceso abarca hasta que se dicta sentencia definitiva en primera instancia.

Los plazos mencionados se ampliarán cuando el inculpado lo solicite por convenir así a su defensa. Se entenderá que aquél requiere la ampliación cuando la pide expresamente, con indicación de causa, o hace promociones que naturalmente determinen la extensión del plazo previsto por la ley. En este caso, el juzgador hará notar al inculpado la consecuencia de su conducta procesal en lo que respecta a la duración de la instrucción o del proceso. El plazo se ampliará solamente en la extensión necesaria para el desahogo de los actos de defensa que promueva el inculpado.

ARTÍCULO 177.- Dentro del mes anterior a la conclusión del plazo, tratándose del supuesto considerado en el primer párrafo del artículo 176, y dentro de los quince días, en el caso mencionado en el segundo párrafo del mismo precepto, el juez dictará auto que prevenga sobre la conclusión. En éste constará también la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo. En el mismo auto solicitará al tribunal de alzada resuelva los recursos antes de que concluya la instrucción. Las partes, notificadas del auto, manifestarán y promoverán lo que a su derecho convenga. El juez resolverá de plano.

En todo caso, el juez exhortará a las partes, sin perjuicio de los derechos que la Constitución otorga al inculpado, para que ofrezcan pruebas y colaboren a su debido y puntual desahogo dentro de los plazos previstos en este Código, a fin de favorecer la buena marcha de la administración de justicia.

ARTÍCULO 178.- Transcurridos los plazos señalados para la instrucción, o antes si no hubiese diligencias que practicar, el tribunal declarará cerrada aquélla y mandará poner el proceso a la vista de las partes para que formulen conclusiones.

ARTÍCULO 179.- En sus conclusiones, que entregará por escrito, el Ministerio Público analizará los hechos punibles y la responsabilidad del inculpado, relacionando cada uno de los elementos del delito y de la responsabilidad con los medios probatorios que los acrediten en forma particular; formulará las consideraciones pertinentes acerca de la existencia y cuantía de daños y perjuicios causados por el delito; formulará las consideraciones jurídicas pertinentes para fundar sus pretensiones, invocando la ley, la jurisprudencia o la doctrina aplicables; analizará los datos que sea preciso tomar en cuenta para la individualización de las sanciones, conforme al Código Penal, y con este fundamento expreso hará el pedimento que corresponda.

ARTÍCULO 180.- Si el defensor del inculpado es perito en Derecho, presentará sus conclusiones en la forma prevista para el Ministerio Público. Si no lo hace, incurrirá en responsabilidad en los términos previstos en la legislación aplicable. Cuando el defensor no sea perito en Derecho o el inculpado se defienda por si mismo, el defensor de oficio que los asesore coadyuvará con ellos en la formulación de conclusiones.

ARTÍCULO 181.- Primero formulará conclusiones el Ministerio Público y después la defensa. Ambos lo harán con vista de todo el proceso, y la defensa, además, con conocimiento de las conclusiones del Ministerio Público.

Las partes disponen de diez días para la presentación de conclusiones, plazo que se ampliará en un día más por cada doscientas hojas de que conste el expediente, sin exceder nunca de treinta días. En todo caso, el juzgador fijará, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, el tiempo con el que cuentan éstas para la presentación de conclusiones, tomando en cuenta para ello el plazo del que se dispone para la conclusión del proceso en los términos previstos por la fracción VIII del apéndice A del artículo 20 de la Constitución General de la República. En todo caso, el juzgador certificará en el expediente las fecha inicial del plazo para la presentación de conclusiones y el momento en el que éste fenece, notificando personalmente a las partes.

Por lo que respecta a las conclusiones del ofendido, se estará a lo previsto en el procedimiento especial de reparación de daños y perjuicios previsto en este Código.

ARTÍCULO 182.- El juez remitirá al Procurador las conclusiones del Ministerio Público cuando sean inacusatorias, se aparten de los resultados que arrojen las pruebas practicadas o no incluyan algún delito probado en la instrucción. El Procurador dispondrá de diez días, a partir del recibo del expediente, para confirmar o sustituir las conclusiones del agente. Transcurrido dicho plazo sin que haya respuesta del Procurador, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas.

Si el Ministerio Público omite la presentación de conclusiones en el termino de ley, el juez tendrá por formuladas las inacusatorias y procederá a dar vista al Procurador quien dispondrá del término señalado en el párrafo anterior para confirmar las conclusiones inacusatorias o sustituirlas. Si fenece el plazo sin que haya respuesta del Procurador, se entenderá que las conclusiones han sido confirmadas. El procurador, deberá proceder, en términos de las disposiciones aplicables, en contra del Agente del Ministerio Público responsable.

Cuando la defensa omita la presentación de conclusiones, se tendrán por formuladas las de inculpabilidad, y en el caso de que el omiso sea defensor de oficio, se comunicará la falta al jefe de defensores para los efectos de la determinación de su responsabilidad.

Si el defensor es particular, se notificará al Ministerio Público y se publicará en el boletín judicial su nombre, relacionado con el expediente, precisando la omisión en que incurrió.

ARTÍCULO 183.- El día en que el inculpado o su defensor presentan conclusiones, o en que se tengan por formuladas las de inculpabilidad, se citará para audiencia, que en ningún caso será dispensable o renunciable, y que habrá de celebrarse dentro de los diez días siguientes a esa fecha. En este período, las partes podrán solicitar el desahogo de pruebas durante la audiencia. El tribunal dispondrá lo que juzgue pertinente a propósito de su admisión, preparación o desechamiento. En este último caso, oirá previamente al promovente.

ARTÍCULO 184.- En la audiencia se desahogarán las pruebas oportunamente ofrecidas y ordenadas, se dará lectura a las constancias que las partes señalen, y se oirá alegar a éstas. Concluida la vista, si el juzgador así lo decide dictará los puntos resolutivos de la sentencia, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes, o dispondrá de un plazo no mayor de diez días, a partir de la terminación de la audiencia, para resolver en definitiva. Cuando el expediente exceda de quinientas hojas, el juzgador dispondrá de un día más por cada doscientas o fracción, sin exceder de treinta días.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO SUMARIO

ARTÍCULO 185.- Procederá la vía sumaria, que se abrirá en el auto de procesamiento, cuando:

I. Se trate de flagrante delito;

II. Exista confesión judicial del inculpado;

III. No exceda de cinco años el término medio de la prisión aplicable; o

IV. La sanción aplicable no sea privativa de libertad o sea alternativa de prisión y otra que no prive de la libertad al sentenciado.

Se observarán en el procedimiento sumario las reglas del ordinario, en todo lo no previsto específicamente por este capítulo.

ARTÍCULO 186.- En la vía sumaria, se hará el ofrecimiento de pruebas en un plazo de cinco días a partir de la notificación del auto de procesamiento. Este resolverá lo que estime pertinente sobre la admisión de las pruebas propuestas, oyendo a las partes en caso de que proceda, a su juicio, desecharlas. Concluido dicho plazo, se citará para audiencia, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes al cierre de aquél.

En la audiencia, las partes desahogarán las pruebas y formularán verbalmente sus conclusiones, y el juez dictará los puntos resolutivos de su sentencia, que engrosará dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de la audiencia, o bien, citará a las partes para oír sentencia dentro de los diez días siguientes al término de aquélla. Si el expediente excede de quinientas hojas, se agregará un día por cada doscientas o fracción, sin exceder de veinte días. Se realizará la certificación de los plazos, precisando la fecha en que fenece. Debe notificarse personalmente a las partes.

ARTÍCULO 187.- Cuando el inculpado reconozca en la declaración preparatoria la participación delictuosa que se le atribuye o se haya dictado auto de procesamiento, y ambas partes manifiesten en el acto de notificación del auto o dentro de los dos días siguientes a éste, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer, salvo las conducentes a la individualización de la sanción, se citará a audiencia dentro de los cinco días siguientes a la manifestación que hicieren las partes, para que éstas formulen conclusiones verbalmente, se propongan, admitan y desahoguen las pruebas relacionadas con la individualización de la sanción, y se formulen alegatos. El juez podrá dictar en seguida la sentencia, sin perjuicio de engrosarla dentro de los cinco días siguientes, o citar a las partes para oír sentencia, dentro de los diez que sigan al término de la audiencia.

CAPITULO VI
SOBRESEIMIENTO

ARTÍCULO 188.- Procede el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia absolutoria, en los siguientes casos:

I. Cuando el Procurador confirme o exprese conclusiones no acusatorias, o no formule conclusiones dentro del plazo señalado para ese efecto;

II. Cuando esté plenamente comprobado que existe una excluyente de incriminación penal;
III. Cuando se haya extinguido legalmente la pretensión punitiva;

IV. Cuando se decrete la libertad por desacreditación de las pruebas que sirvieron para establecer los elementos del delito en el auto de procesamiento; y

V. En los demás casos en que la ley disponga la libertad absoluta del inculpado.

ARTÍCULO 189.- Se podrá acordar el sobreseimiento en el curso de la instrucción, hasta antes de que se turne el expediente para formulación de conclusiones por el Ministerio Público.

Se actuará a propuesta del juez, del Ministerio Público o del inculpado o su defensor. El juez dará vista de la propuesta a las partes, inclusive al ofendido y a su asesor legal, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en audiencia que se celebrará dentro de cinco días contados desde el siguiente al de notificación de la solicitud.

La resolución definitiva sólo surtirá efectos en lo que respecta a los hechos y a los responsables comprendidos por la causa de sobreseimiento.

TÍTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 190.- Las resoluciones jurisdiccionales sólo son impugnables en los casos y términos previstos por la ley. Están legitimados para impugnar, con las salvedades que ésta dispone, quienes sean parte en el proceso, así como el ofendido y su asesor legal en el procedimiento principal, por lo que respecta a puntos relevantes para el ejercicio de sus derechos, independientemente de las facultades de impugnación que tiene dentro del procedimiento especial de reparación.

Quien impugna puede desistir del recurso interpuesto.

ARTÍCULO 191.- Si el inculpado y su defensor o el ofendido y su asesor legal discrepan con respecto a la pertinencia de apelar, o bien, acerca del desistimiento del recurso, prevalecerán la decisión del inculpado y del ofendido, en su caso, a no ser que exista mandamiento legal expreso en otro sentido.

ARTÍCULO 192.- El Procurador fijará los lineamientos a los que deba ajustarse el Ministerio Público al combatir las resoluciones desfavorables al interés social que representa, para evitar la formulación sistemática de impugnaciones sin sustento razonable y cuidar de que en aquéllas se expongan y acrediten debidamente los agravios cometidos en la resolución impugnada.

ARTÍCULO 193.- Cuando el inculpado o su defensor y el ofendido o su asesor legal manifiesten su inconformidad con una resolución, se entenderá interpuesto el recurso que proceda. Si es errónea la elección del recurso que haga cualquiera de dichos participantes, se tendrá por interpuesto el que corresponda para impugnar la resolución.

ARTÍCULO 194.- Los recursos tienen por consecuencia, bajo las previsiones de este título, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello el juez o la sala del tribunal competente, examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba. Tratándose de la apelación la sala que conozca del recurso al pronunciar su fallo, podrá confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, asimismo en los casos procedentes, podrá anularla y como consecuencia de ello ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento.
Cuando proceda revocar, anular o modificar, la autoridad que conoce de la impugnación emitirá directamente la nueva resolución en los términos que legalmente proceda.

ARTÍCULO 195.- Las impugnaciones tienen los siguientes efectos:

I. Suspensivo y devolutivo. En estos casos se remite el conocimiento al superior en grado y no se ejecuta la resolución impugnada mientras esté pendiente el fallo en el recurso intentado;

II. Suspensivo y retentivo. En estos supuestos la decisión corresponde al mismo órgano que dictó la resolución combatida, que no se ejecuta hasta que se resuelva el recurso;

III. Ejecutivo y devolutivo. En esta hipótesis conoce el superior en grado, y la resolución impugnada se ejecuta de inmediato, sin perjuicio de la modificación que resulte al cabo del recurso intentado; y

IV. Extensivo. En este caso la impugnación interpuesta en la misma causa por cualquiera de los inculpados beneficia a los restantes, en la medida en que le sea atribuible el agravio que se hace valer. Lo previsto en esta fracción será aplicable siempre que haya coacusados.

ARTÍCULO 196. El juzgador resolverá sobre cada uno de los agravios que haga valer el recurrente. Cuando se trate del inculpado o su defensor y del ofendido o su asesor legal, el juzgador deberá suplir la deficiencia de los agravios, que incluye la omisión absoluta de éstos. El tribunal hará constar la suplencia en la resolución que dicte, y ordenará que se publique en el boletín judicial el nombre del perito en derecho que actuó en forma deficiente. Cuando el recurrente sea el Ministerio Público, el tribunal se ajustará exclusivamente a los agravios que éste formule.

Si se trata de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o de orden de aprehensión o de citación para declaración preparatoria, podrá cambiarse la clasificación del delito y dictarse por el que aparezca probado

ARTÍCULO 197.- Los recursos deberán quedar resueltos en el menor tiempo posible, dentro de los plazos que este Código establece. El superior en grado cuidará de que los recursos contra las resoluciones previas a una sentencia de primera instancia sean resueltos antes de que se dicte dicha sentencia. Para ello tomarán en cuenta la comunicación que el órgano jurisdiccional de primer grado les dirija, conforme a lo estipulado en el artículo 177.

De estas comunicaciones del juez de primer grado al superior, se enviará copia al Presidente del Consejo de la Judicatura, quien dará cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura, en el caso de que no se resuelva el recurso con oportunidad, antes de que el juez de primera instancia pronuncie sentencia.

CAPITULO II
REVOCACIÓN

ARTÍCULO 198.- Son revocables, en ambas instancias, las resoluciones diversas de la sentencia contra las que no se concede apelación, así como aquéllas que la ley declare inimpugnables. La revocación se tramita con efectos suspensivo y retentivo.

La revocación se puede interponer en el acto de notificación de la resolución impugnada, o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que aquélla surta sus efectos. Se substanciará como incidente diverso.

Si el juez estima fundada la impugnación, sustituirá la resolución impugnada, total o parcialmente, por la que sea procedente. En caso contrario, la confirmará.
CAPITULO III
APELACIÓN

ARTÍCULO 199.- Son apelables por ambas partes:

I. Las sentencias;

II. Las resoluciones cuyo efecto sea el sobreseimiento, con excepción de los casos en que no sea apelable la sentencia;

III. Los autos de procesamiento, libertad, competencia, impedimentos, suspensión, continuación, acumulación y separación, los que rechacen incidentes, recursos o promociones por considerar que son frívolos o improcedentes; los que resuelven promociones relativas a la existencia del delito y la probable responsabilidad, así como las referentes a las causas extintivas de la pretensión, y aquellos en que se decidan cuestiones concernientes a la prueba e incidentes no especificados;

IV. Las resoluciones del juzgador que integren la ley procesal o suministren información u orientación a las partes sobre puntos del procedimiento o normas aplicables en éste. Cuando el tribunal de alzada considere que el juez anticipó su criterio sobre la sentencia definitiva, dispondrá que pase la causa a otro juzgador, conforme al orden que correspondería si se tratase de impedimento, para que continúe hasta dictar sentencia; y

V. Las demás resoluciones que la ley señale.

Son apelables por el Ministerio Público los autos en que se niegue la orden de aprehensión, presentación o reaprehensión, los que otorguen órdenes de aprehensión o presentación por un delito distinto del señalado por el Agente del Ministerio Público, así como los que nieguen el cateo y cualesquiera medidas precautorias solicitadas por aquél, sin perjuicio de la apelación que pueden interponer el ofendido o su asesor legal cuando la medida se relacione con los intereses patrimoniales de aquél.

ARTÍCULO 200.- La apelación se interpondrá por la parte que se considere agraviada por la resolución que se impugna, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de ésta o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, si se trata de auto, y cinco, si se trata de sentencia, por escrito o en comparecencia.

El ofendido o sus derechohabientes, podrán apelar contra la sentencia sólo en el caso de que afecte necesariamente su interés jurídico. Los agravios se harán valer al apelar o en la vista del asunto.

Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo las sentencias condenatorias. Las demás resoluciones lo son en efectos ejecutivo y devolutivo.

ARTÍCULO 201.- Al notificarse a las partes la decisión recurrible, se les hará saber el plazo que la ley otorga para intentar la apelación. Esta comunicación se asentará en el expediente. Si se omite este aviso, se duplicará el plazo y se sancionará al responsable de la omisión con multa de hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la falta.

ARTÍCULO 202.- Interpuesto el recurso, el juzgador lo admitirá, señalando sus efectos, o lo desechará de plano. En aquel caso, prevendrá al inculpado que designe persona de su confianza para que lo defienda en segunda instancia, apercibido de que si no lo hace se tendrá por designado al que hubiese intervenido en la primera, o en su defecto, al de oficio que el tribunal elija.

Admitido el recurso, el juez enviará al superior las actuaciones o constancia de éstas, según resulte adecuado, tomando en cuenta los efectos en que se admite el recurso, la resolución que se combate y la existencia de otros inculpados que no hubiesen apelado. Asimismo, remitirá los documentos o informes que estime procedentes para los fines de la apelación. El envío deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a la admisión, so pena de multa por hasta treinta veces el salario mínimo vigente en la región, a la fecha de la omisión.

ARTÍCULO 203.- Recibidas la causa o las constancias respectivas, se radicará el asunto y se notificará a las partes. El superior decidirá de oficio o a solicitud de cualquiera de aquéllas, que la formularán dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, sobre la admisión y los efectos del recurso. Si se estima improcedente la admisión, se devolverá el expediente al juzgador de primer grado.

Si el tribunal considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió, lo declarará así, comunicándolo al de primer grado y continuará conociendo del recurso. En todo caso se resolverá con audiencia de las partes.

ARTÍCULO 204.- Resuelto el punto al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal citará al Agente del Ministerio Público, al inculpado si estuviere en el lugar, al defensor nombrado, al ofendido y a su asesor jurídico, para la audiencia de vista y abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de pruebas, que se desahogarán en aquella. Son admisibles todas las pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las ofrece acredita, a satisfacción del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La documental pública es admisible en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia, sin perjuicio de acreditar su autenticidad en artículo especial, cuando fuese cuestionada.

Esta audiencia se realizará concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico, pero cuando falte uno de los dos últimos o ambos, la Sala considerará la posibilidad y conveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público para que intervenga en la audiencia.

ARTÍCULO 205.- En la audiencia, la secretaría hará una relación del asunto y dará lectura a las constancias que las partes y el tribunal señalen. A continuación se calificarán las pruebas ofrecidas por las partes y se procederá, en su caso, a desahogarlas.

Desahogadas las pruebas, el tribunal escuchará los alegatos verbales de las partes, quienes podrán presentarlos, además, por escrito, y dictará si lo estima pertinente los puntos resolutivos de la sentencia, que será engrosada dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la audiencia, o se reservará para dar a conocer su fallo en los quince días que sigan a dicha conclusión.

ARTÍCULO 206.- Si apelaron el ofendido o sus derechohabientes, el tribunal precisará en su resolución los derechos de éstos que deben quedar a salvo, en su caso, no obstante el sentido de la sentencia combatida, y concederá a aquéllos lo que legalmente les corresponda, tomando en cuenta la naturaleza civil de la pretensión que sostienen.

ARTÍCULO 207.- En el recurso de apelación, la Sala podrá decretar la reposición del procedimiento a petición de la parte que no hubiese incurrido en la causa que la motive.

Las partes no podrán alegar agravios respecto a violaciones, con las que se conformaron expresamente o contra los que no intentaron los recursos procedentes, en su oportunidad; salvo que no hubieran tenido conocimiento de ellos cuando se causaron.

No obstante, si la Sala encuentra que hubo violación del procedimiento que dejo sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia del defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.
ARTÍCULO 208.- La Sala determinará la subsistencia de actos que no se hallen vinculados con el acto nulo que determina la reposición del procedimiento, y que satisfagan las condiciones que la ley dispone para que sean válidos.

ARTÍCULO 209.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento, a partir del acto en que se causó el agravio:

I. Por no haberse observado las garantías que concede al inculpado la Constitución General de la República y la particular del Estado, así como los derechos que derivan inmediatamente de éstas, en los términos previstos por el presente Código;

II. Por no designársele intérprete al inculpado que no hable o no entienda suficientemente el idioma castellanos, en los términos que señala la ley;

III. Por no haber sido citada alguna de las partes a las diligencias a las que tenga derecho a presenciar;

IV. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que hubiese ofrecido con arreglo a la ley;

V. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del juzgador que debe sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia y del Ministerio Público;

VI. Por no haber sido adecuada la defensa del inculpado, salvo cuando baste con la suplencia de las deficiencias a que alude el artículo 196. Se entiende que la defensa no es adecuada, cuando el defensor se abstiene sistemáticamente de cumplir los deberes a su cargo; se limita a solicitar la libertad provisional del inculpado, sin llevar adelante otros medios de defensa; no promueve las pruebas notoriamente indispensables para sostener los intereses de aquél, o no propone, siendo posible hacerlo, conclusiones que mejoren apreciablemente las consecuencias jurídicas del proceso sobre el inculpado;

VII. Por haberse condenado al inculpado por hechos distintos de los considerados en las conclusiones del Ministerio Público;

VIII. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho; y

IX. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que conforme a la ley sea nula si no fue posible impugnarla oportunamente mediante recurso de nulidad.

ARTÍCULO 210.- cuando la Sala encuentre que e Juez de primera instancia violó inexcusablemente la ley del procedimiento, pondrá los hechos en conocimiento del Consejo de la Judicatura o del Ministerio Público según corresponda, en virtud de la naturaleza de la violación.

Asimismo, la Sala impondrá una corrección disciplinaria al defensor que hubiese faltados a los deberes de su función, o dará vista al Ministerio Público si el incumplimiento es probablemente delictuoso. Si se trata del defensor de oficio, se informará, además, al superior jerárquico de aquél haciendo notar la negligencia o ineptitud de dicho defensor. En el caso del defensor particular, la Sala ordenará que se publique en el Boletín Judicial el nombre del defensor que incurrió en la falta, señalando ésta y el proceso en que se cometió.

CAPITULO IV
NULIDAD

ARTICULO 211.- La nulidad de una actuación se reclamará en el acto o dentro de los tres días siguiente a la conclusión de aquéllas. Se tramitará con efectos suspensivo y retentivo, y se substanciará en la forma prevista para los incidentes diversos.

Si se declara nulo el acto, quedará invalidados igualmente los que deriven de él en forma directa. Se repondrá como legalmente corresponda y se realizarán una nueva cuenta los demás actos anulados.

CAPITULO V
DENEGADA APELACIÓN

ARTÍCULO 212.- El recurso de denegada apelación procede cuando el juez de primera instancia se niega a admitir la apelación o no la concede en los efectos previstos por la ley. Se interpondrá ante el juzgador cuya decisión se combate, dentro de los tres días siguientes a dicho acto, a fin de que remita al superior un informe en el que exponga el estado de las actuaciones y transcriba la resolución apelada y aquélla en que se niegue o se califique la apelación.

Si el órgano jurisdiccional de primera instancia no hace llegar el informe al superior en grado dentro de los tres días de haberse interpuesto la denegada apelación, el recurrente acudirá directamente ante el superior, quien actuará como se previene en caso de queja. Este acordará si corresponde ampliar dicho plazo, en vista de la distancia que media entre los lugares de residencia de ambos órganos. El plazo no excederá, en ningún caso, de diez días.

ARTÍCULO 213.- Recibida por el superior la documentación mencionada en el primer párrafo del artículo anterior, se citará, dentro de un plazo de tres días a las partes para audiencia, en la que harán valer lo que a su derecho convenga, y se resolverá de plano o dentro de los cinco días de concluida aquélla.

Si se admite la apelación o se modifica el efecto, se pedirá al juzgador de primera instancia el expediente o la constancia, en su caso, para sustanciar aquélla.

CAPITULO VI
QUEJA

ARTÍCULO 214.- La queja procede cuando los juzgadores de primera instancia no despachan los asuntos en el plazo que para ello les asigna este Código. Se interpondrán por las partes mediante escrito ante el tribunal superior, en cualquier momento desde que se presente la situación que la motive.

ARTÍCULO 215.- El tribunal dará entrada al recurso y requerirá al juzgador señalado como omiso, que rinda informe sobre el punto al que se refiere la queja. El informe se deberá producir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del requerimiento. La falta de informe establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida, y se sancionará con multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que ocurrió la omisión.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, el tribunal resolverá lo que proceda, aunque no hubiese recibido el informe del juez. Si se estima fundado el recurso, requerirá al faltista para que cumpla inmediatamente su obligación, apercibiéndolo de la sanción que corresponda si persiste el incumplimiento. De todas las quejas que se declaren procedentes se dará aviso al Pleno del Consejo de la Judicatura.

CAPITULO VII
ANULACIÓN DE LA SENTENCIA EJECUTORIA

ARTÍCULO 216.- Se anulará la sentencia de condena que causó ejecutoria y se declarará la inocencia del condenado en los siguientes casos:
I. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas en resolución jurisdiccional que cause ejecutoria;

II. Cuando después de la sentencia aparezcan documentos públicos que invaliden las pruebas en que aquélla se haya fundado;

III. Cuando se condenó a alguien por homicidio y se presente el supuesto ofendido por el delito o alguna prueba indubitable de que vive;

IV. Cuando dos o más personas hubieran sido condenadas por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que todos lo hubiesen cometido. En este caso subsistirá la primera sentencia dictada; o

V. Cuando el reo fue condenado por los mismos hechos delictivos en dos juicios diversos. En este caso será nula la segunda sentencia.

ARTÍCULO 217.- Quien se crea con derecho al reconocimiento de su inocencia acudirá al Tribunal Superior de Justicia, acompañando las pruebas de su pretensión u ofreciendo hacerlo en la audiencia. El sentenciado designará persona que lo defienda en este procedimiento. Si no lo hace, el tribunal le nombrará un defensor de oficio.

ARTÍCULO 218.- Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, el Tribunal Superior pedirá el expediente del proceso y citará al Ministerio Público, al solicitante y su defensor, y al ofendido y su asesor jurídico, a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente. En ella se desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a éste y al Ministerio Público.

ARTÍCULO 219.- Concluida la audiencia, el tribunal dispondrá de cinco días para resolver. Si se reconoce la inocencia, quedará anulada la sentencia condenatoria, se dará aviso al tribunal que condenó para que haga la anotación correspondiente en la sentencia y se publicará en el Boletín Judicial una síntesis del fallo que reconoció la inocencia. En caso de hallarse recluido el sentenciado, se le pondrá en inmediata libertad.

ARTÍCULO 220.- Cuando una ley suprima un delito o modifique la naturaleza, duración, cuantía o modalidades de la sanción, quien pudiere resultar beneficiado por la nueva norma ocurrirá a la autoridad de la que dependa su situación jurídica para que ésta disponga la aplicación de la ley posterior más favorable. En estos casos, dicha autoridad podrá actuar de oficio.

TITULO SEPTIMO
LIBERTAD DEL INCULPADO

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 221.- El sobreseimiento y la desacreditación de las pruebas que sirvieron para establecer los elementos del cuerpo del delito aparejan la conclusión del proceso y la libertad absoluta del inculpado. Aquél se resolverá en el principal y ésta se tramitará en incidente por separado. Asimismo, se dispondrá la libertad absoluta del inculpado cuando se esté en los casos previstos por los artículos 174 y 220.

No tienen efectos conclusivos del proceso la libertad que se conceda por haberse practicado irregularmente la detención del inculpado, la que se dicte por falta de elementos para procesar o desacreditación de las pruebas que sirvieron para establecer la probable responsabilidad, sin perjuicio de lo previsto por los artículos mencionados en el párrafo anterior, y la provisional bajo caución o protesta.

La libertad por detención irregular o por falta de elementos para procesar y las de carácter provisional que se concedan bajo caución o protesta se resolverán en el principal, y la libertad por desacreditación de las pruebas relacionadas con la probable responsabilidad se tramitará en incidente por separado.

ARTÍCULO 222.- Durante la averiguación previa, el Ministerio Público dispondrá la libertad del inculpado en los casos y términos previstos en este Código. En el proceso, el Ministerio Público podrá solicitar la libertad provisional del inculpado cuando éste no la promueva, teniendo derecho a hacerlo.

Las disposiciones contenidas en este título acerca de la libertad provisional, se observarán igualmente en la averiguación previa, en todo lo que resulte aplicable conforme a las características de la averiguación. La libertad otorgada por el Ministerio Público subsistirá en el proceso, bajo los términos en que fue concedida, salvo lo que disponga la autoridad judicial.

CAPITULO II
LIBERTAD BAJO CAUCIÓN

ARTÍCULO 223.- Inmediatamente que el inculpado lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, salvo que el proceso se siga por delitos graves. En el caso de los demás delitos, el juez podrá negar la libertad provisional a solicitud del Ministerio Público, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley, o cuando aquél aporte elementos al juez que permitan establecer que la libertad del inculpado representa, por la conducta precedente de éste o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de ésta, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

Cuando se impugne la sentencia de primera instancia y se halle el inculpado disfrutando de libertad provisional, ésta se mantendrá en los términos en que fue concedida por el juez.

Si se niega la libertad, podrá solicitarse de nuevo y concederse cuando resulte procedente.

ARTÍCULO 224.- Para fijar el monto de la caución, que deberá satisfacer los propósitos previstos en el artículo anterior, el juez estimará la cuantía de los daños causados conforme a los datos reunidos en las actuaciones, ponderará las condiciones económicas del inculpado y tomará en cuenta la naturaleza de la garantía que éste ofrezca.

Si de lo actuado con posterioridad se desprende que la multa aplicable o los daños causados son mayores que los previstos originalmente, y que por lo tanto es preciso modificar la fijación de garantía para dar cumplimiento a lo estipulado en el primer párrafo de la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República, el Juez dispondrá que se eleve consecuentemente el monto de la caución. Cuando se advierta que la multa o los daños son menores que los previstos con anterioridad, el Juez ordenará que se reduzca dicho monto, en la medida que corresponda.

Para fijar la cuantía de la multa, por lo que toca al otorgamiento de la libertad caucional, se estará a las circunstancias de ejecución del delito.

ARTÍCULO 225.- La caución consistirá en depósito, hipoteca, prenda, fianza o cualquiera otro medio de garantía patrimonial que reconozca la ley. El inculpado por optar por cualquiera de estas garantías. El juez resolverá lo que proceda, oyendo al Ministerio Público y al ofendido, cuando esté presente y cuidará de que la garantía que se fije sea asequible al inculpado, conforme a sus condiciones personales.

El depósito se hará en la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuando se requiera dentro de la averiguación previa, y en el fondo instituido para tal efecto cuando se presente en el curso del proceso. En aquel caso, quien reciba el depósito actuará en los términos que a este respecto previene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Cuando se trate de hipoteca, el inmueble deber estar libre de gravámenes y su valor real importará cuando menos el doble de la suma fijada como caución. Para la constitución de la hipoteca en estos casos, bastará con que el juez ordene que se haga la anotación correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.

Sólo podrá admitirse fianza personal cuando el monto de la caución no exceda de cincuenta veces el salario mínimo vigente en el lugar en el que se sigue el proceso, y el fiador acredite su solvencia e idoneidad. El fiador personal declarará ante la autoridad, bajo protesta de decir verdad, acerca de las garantías que hubiese otorgado con anterioridad. Cuando el monto de la caución exceda de dicha suma, se estará a lo dispuesto por el Código Civil en materia de fianza legal o judicial.

El funcionario que admita la caución, calificará bajo su responsabilidad la idoneidad y suficiencia de los bienes afectos a la garantía y la solvencia de la persona que se presente como obligado. Para ello podrá disponer las investigaciones que sean pertinentes.

Se observarán las normas generales aplicables a las formas de caución mencionadas, en todo lo no previsto por este Código.

ARTÍCULO 226.- El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se hallan a su cargo en razón del proceso y que se le darán a conocer en la notificación del auto que conceda aquélla:

I. Mantener vigente y suficiente la garantía fijada;

II. Presentarse ante el juzgador en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado o requerido;

III. Comunicar a dicha autoridad los cambios de domicilio que tuviere y no ausentarse del lugar sin autorización de ésta, que no podrá concederse por más de un mes;

IV. Observar, con respecto a las autoridades que actúan en el procedimiento, al ofendido y sus allegados y a los demás participantes, una conducta que permita el buen desarrollo de aquél y la seguridad de quienes en él intervienen; y

V. Abstenerse de cometer delitos y faltas.

ARTÍCULO 227.- Quien otorgue la garantía quedará obligado a presentar al inculpado cuando se le requiera para ello. Si no pudiere presentarlo desde luego, la autoridad podrá concederle un plazo de hasta treinta días para que lo haga, sin perjuicio de que se libre orden de aprehensión o reaprehensión cuando proceda.

Quien otorgó la garantía puede solicitar que se le releve de esta obligación. En tal caso, la autoridad pedirá al inculpado que constituya nueva caución, dentro de los treinta días siguientes a la solicitud que aquél formule al tribunal, para que continúe en el disfrute de la libertad caucional. En ese período subsistirá la obligación de quien constituyó la primera garantía. Si no se constituye la caución necesaria, el tribunal revocará la libertad y dispondrá la aprehensión del inculpado.
ARTÍCULO 228.- Se revocará la libertad provisional bajo caución, cuando:

I. Se advierta que ésta no es procedente, en los términos de la legislación aplicable al momento de concederla.

II. Cese la garantía, sin que se ofrezca otra para sustituirla, o deje de ser suficiente o idónea para los fines que la ley previene;

III. Lo solicite el inculpado o la persona que otorgó la caución, si no se constituye oportunamente nueva garantía;

IV. Cause ejecutoria la sentencia dictada en el proceso en que se concedió la libertad. Si se otorgaron al inculpado beneficios que pudieran determinar su liberación, se aguardará a que aquél haga uso de ellos, en su caso. Para ello se concederá un plazo de quince días. De lo contrario procederá la revocación;

V. Incumpla el beneficiario, en forma grave, cualquiera de las obligaciones mencionadas en el artículo 226. La gravedad del incumplimiento será determinada por el juez, tomando en cuenta las características del hecho que determine la revocación, las condiciones del inculpado, la situación del ofendido y la trascendencia individual y social del incumplimiento; o

VI. Exista detención, orden de aprehensión o comparecencia en contra del inculpado por un nuevo delito doloso que amerite sanción privativa de libertad.

ARTÍCULO 229.- Se mandará aprehender o reaprehender al inculpado y se hará efectiva la caución, mediante procedimiento que el tribunal promueva ante la autoridad fiscal, cuando la revocación se deba al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de aquél o de quien constituyó la garantía. El importe de la caución que se haya hecho efectiva se conservará para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios causados al ofendido y el pago de la sanción pecuniaria, en su orden. En los otros casos sólo se dispondrá la reaprehensión.

El tribunal ordenará cancelar la garantía cuando no proceda hacerla efectiva en los términos del párrafo anterior, se dicte sentencia absolutoria, sobreseimiento o libertad absoluta del inculpado, y esas resoluciones causen ejecutoria, o se le condene y se presente a cumplir su condena.

CAPITULO III
LIBERTAD BAJO PROTESTA

ARTÍCULO 230.- Se podrá conceder libertad provisional bajo protesta al inculpado, sin necesidad de garantía patrimonial. Esta libertad se substanciará en la forma prevista para los incidentes diversos y se otorgará cuando:

I. No exceda de tres años el término medio de la prisión aplicable al delito por el que se le procesa;

II. No haya sido procesado anteriormente por delito doloso. Para este fin se tomará en cuenta la existencia de auto de procesamiento vigente, aunque se halle pendiente la sentencia respectiva;

III. Tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se desarrolla el proceso y cuente con modo honesto de vivir; y

IV. Parezca improbable que el inculpado se sustraiga a la justicia, a juicio de la autoridad que resuelva la libertad, tomando en cuenta las características del caso.
La protesta consiste en la promesa formal que hace el inculpado de que se presentará ante la autoridad judicial cada vez que se le requiera para la continuación del proceso, y cumplirá los demás deberes inherentes a la libertad provisional que se le otorga.

El liberado quedará sujeto a las obligaciones estipuladas a propósito de la libertad bajo caución, salvo las relativas a la garantía patrimonial.

ARTÍCULO 231.- Procede la libertad bajo protesta, sin los requisitos que señala el artículo anterior, cuando el inculpado cumpla la sanción fijada en sentencia condenatoria de primera instancia, y esté pendiente el recurso de apelación. En este caso, el tribunal acordará de oficio la libertad.

ARTÍCULO 232.- La libertad bajo protesta se revocará por las mismas causas que implican la revocación de la libertad caucional, en lo procedente, o porque el tribunal cuente con elementos que le permitan suponer, fundadamente, que el inculpado dejará de cumplir las obligaciones que trae consigo la libertad bajo protesta. En este caso, el inculpado podrá solicitar la libertad bajo caución.

CAPITULO IV
LIBERTAD POR DESACREDITACIÓN DE PRUEBAS

ARTÍCULO 233.- Procederá la libertad del inculpado en cualquier estado de la instrucción, después del auto de procesamiento y hasta el cierre de aquélla, cuando queden plenamente desacreditadas las pruebas en las que se sustentó dicho auto, relativas a los elementos del cuerpo del delito o a la probable responsabilidad del inculpado, sin que hayan aparecido otras que prueben dichos extremos.

ARTÍCULO 234.- Cualquiera de las partes puede solicitar la libertad, por desacreditación de pruebas. La petición se substanciará en una audiencia, en la que se recibirán las pruebas y se escucharán los alegatos de aquéllas. El juzgador resolverá dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia.

ARTÍCULO 235.- Cuando se decrete la liberación del inculpado por haberse desacreditado las pruebas relativas a su probable responsabilidad en el delito imputado, el Ministerio Público podrá solicitar al juzgador la práctica de nuevas diligencias y requerir, con apoyo en éstas, el libramiento de orden de reaprehensión o presentación. Si transcurre el tiempo previsto en el artículo 174 sin que se dicte dicha orden, la libertad será definitiva.

ARTÍCULO 236.- La solicitud del Ministerio Público para que se conceda la libertad por desacreditación de pruebas implica petición de sobreseimiento cuando se pida en relación con las pruebas referentes a los elementos del cuerpo del delito. En consecuencia, se procederá conforme a lo previsto para la promoción respectiva.

TÍTULO OCTAVO
INCIDENTES DIVERSOS

CAPITULO I
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

ARTÍCULO 237.- Los conflictos de competencia pueden promoverse en cualquier etapa del proceso, hasta antes de la audiencia de fondo, por declinatoria o por inhibitoria, y se tramitarán por separado del principal. Iniciada una vía, no podrá intentarse la otra y se estará a los resultados de aquélla. En todo caso, el juzgador del conocimiento dictará las resoluciones que no admiten demora.

Planteada la competencia, el tribunal suspenderá el procedimiento hasta que aquélla se resuelva, pero continuará la substanciación de los recursos pendientes.
ARTÍCULO 238.- Puede desistirse de la promoción sobre incompetencia la parte que la formuló. En tal caso seguirá conociendo el tribunal cuya competencia fue cuestionada, si éste la sostiene, a no ser que sólo se halle pendiente la resolución del incidente, en cuyo caso el procedimiento continuará hasta el auto que lo resuelva.

ARTÍCULO 239.- La declinatoria se propone ante el juez al que se estima incompetente, para que cese en el conocimiento del asunto. Puede resolverse de oficio o a petición de cualquiera de las partes. Iniciada la declinatoria, el juzgador citará a audiencia dentro de tres días, recibirá las pruebas y oirá los alegatos de las partes, en su caso. Dictará su resolución dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia.

Si el juez declina su competencia, remitirá las actuaciones al que considere competente. Si éste no la acepta o hay oposición de cualquiera de las partes, elevará el incidente al superior para que dirima la controversia. Se procederá del mismo modo si el tribunal del conocimiento sostiene su competencia y hay oposición de alguna de las partes.

ARTÍCULO 240.- La inhibitoria se intentará por cualquiera de las partes ante el tribunal que el promotor considere competente, para que asuma el conocimiento del asunto. En la promoción de inicio se propocionará al juzgador los datos necesarios para la localización de las otras partes en el proceso al que se refiera la competencia.

El juzgador citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de tres días de haber recibido la promoción, recibirá sus pruebas, oirá sus alegatos, escuchará al Ministerio Público adscrito y resolverá dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia. Si se considera competente, librará oficio inhibitorio al juez del conocimiento para que éste le remita las actuaciones. Si se estima incompetente o hay oposición de alguna de las partes o del otro juzgador, remitirá el asunto al superior para que resuelva en definitiva.

ARTÍCULO 241.- Recibido el asunto por el superior, éste recabará de los jueces contendientes las constancias que crea necesarias para la resolución del conflicto, y citará a las partes en el proceso, así como al Ministerio Público adscrito, a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días a partir del recibo del incidente o de las constancias solicitadas, en su caso. Dictará resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia, decidiendo a quién corresponde la competencia. Si incumbe al juez de primer grado, que no hubiese concurrido, el superior le hará saber su determinación y ordenar al del conocimiento que le remita las actuaciones.

ARTÍCULO 242.- El juzgador declarado competente que reciba las actuaciones del incompetente, continuará el proceso a partir del último acto realizado por éste.

CAPITULO II
IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 243.- Los juzgadores impedidos para conocer por alguna de las causas previstas en la legislación orgánica de los tribunales, deberán excusarse y enviar el asunto a quien haya de sustituirlos en el conocimiento, conforme al orden establecido. Si el impedido no se excusa, cualquiera de las partes podrá recusarlo, con expresión de causa.

No procede la recusación al cumplimentar exhortos, en los incidentes de competencia y en la calificación de los impedimentos o recusaciones.

ARTÍCULO 244.- Las excusas y recusaciones, que se resolverán por separado del expediente principal, deben plantearse una vez que se han dictado las resoluciones que no admiten demora, o en etapa posterior hasta antes de la audiencia de fondo, si quien las propone manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber conocido anteriormente el impedimento. Si después de este momento se sustituye al personal que integra el tribunal, la excusa o la recusación podrán proponerse hasta antes de que se dicte sentencia.

En la promoción que inicie el incidente se ofrecerán las pruebas correspondientes. Propuesta la excusa o la recusación, el tribunal suspenderá el procedimiento hasta que se resuelva el punto, pero continuará la substanciación de los recursos pendientes. No serán válidas las actuaciones que el tribunal practique después del planteamiento de la excusa o la recusación.

ARTÍCULO 245.- Si el juez reconoce el impedimento, turnará el proceso a quien deba sustituirlo. Si no lo admite o hay oposición de las otras partes, elevará inmediatamente un informe al superior, con las actuaciones respectivas, para que resuelva lo que corresponda.

Recibido el incidente por el superior, solicitará del remitente las constancias que juzgue necesarias para la resolución del asunto, además del informe rendido, y citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos que deberá celebrarse dentro de tres días a partir del recibo del incidente o de las constancias solicitadas, en su caso. El juez que se excusó o fue recusado expresará por escrito lo que considere procedente, y de este escrito se dará cuenta a las partes en la audiencia. Se resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de ésta.

ARTÍCULO 246.- No proceden la excusa y la recusación en el periodo que la ley señala para dictar el auto de formal prisión, a no ser que resulte posible resolver sobre aquéllas dentro del tiempo previsto por la ley para tal efecto. Mientras esto ocurre, el juez del conocimiento llevará a cabo todas las diligencias conducentes a la determinación sobre el procesamiento. En caso de que el incidente no esté concluido, resolverá la formal prisión o la libertad por falta de elementos, según corresponda.

ARTÍCULO 247.- Los secretarios, actuarios, peritos, intérpretes, traductores, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y asesores legales oficiales, deben excusarse o pueden ser recusados por las causas previstas para los juzgadores. En el caso de los asesores, el impedimento existirá cuando la causa legal de éste implique parcialidad desfavorable del asesor con respecto al asesorado. El impedimento se substanciará en una audiencia, en la forma dispuesta por los artículos precedentes, ante el superior jerárquico que corresponda.

ARTÍCULO 248.- Cuando se declare infundada la recusación, se impondrá al recusante una sanción de hasta treinta días de salario mínimo, si es perito en Derecho se publicará su nombre en el Boletín Judicial, a no ser que demuestre, a satisfacción de quien resuelve, haber actuado por error que haga disculpable su conducta.

Si se declara fundada la recusación, se enviará copia certificada de la resolución respectiva al Presidente del Consejo de la Judicatura.

CAPITULO III
ACUMULACIÓN DE PROCESOS

ARTÍCULO 249.- Cuando se trate de procesos correspondientes al fuero común del Estado de Tabasco, procede la acumulación:

I. De los que se sigan contra diversas personas por los mismos delitos;

II. De los seguidos en contra de una sola persona, a no ser que la acumulación resulte inconveniente para la buena marcha del enjuiciamiento; y

III. De los abiertos por delitos conexos. Hay conexidad cuando se incurre en un delito para procurarse los medios de cometer otro, facilitar su ejecución, consumarlo o asegurar su impunidad.

En los casos a los que se refiere este precepto, si unos delitos deben ser juzgados en la vía ordinaria y otros en la sumaria, se adoptará aquélla para el conocimiento de los procesos acumulados.

ARTÍCULO 250.- Si los procesos se siguen en diversos juzgados, será competente para conocer de los acumulables el tribunal que recibió la primera consignación, y si todas tienen la misma antigüedad, el que elijan el inculpado y su defensor. La acumulación se promoverá ante el órgano que se estime competente y se substanciará por cuerda separada, en los términos previstos para las competencias por inhibitoria.

Se podrá disponer la acumulación de procesos una vez dictado el auto de procesamiento y hasta el cierre de la instrucción. Se substanciará sin suspender el procedimiento principal. Cuando los procesos se desarrollen ante un mismo juzgado, se decretará la acumulación de oficio, sin substanciación alguna, o a petición de cualquiera de las partes. En este caso se citará a éstas y se les oirá en audiencia dentro de los tres días de presentada la promoción. El juez resolverá en la misma audiencia.

Si no se decreta la acumulación, el juzgador que primero dicte sentencia la comunicará al que deba dictarla después, para los fines de la aplicación de sanciones, indicando si se trata de ejecutoria.

CAPITULO IV
SEPARACIÓN DE PROCESOS

ARTÍCULO 251.- Cuando hubo acumulación de varios procesos en contra de un solo inculpado, por delitos diversos e inconexos, podrá decretarse la separación de aquéllos a solicitud de cualquiera de las partes o de oficio, si el tribunal lo estima conveniente para la buena marcha del enjuiciamiento.

La separación sólo procederá en el curso de la instrucción, sin suspender el procedimiento. Se substanciará por cuerda separada, citando y oyendo a las partes en audiencia, dentro de los tres días de formulada la promoción. Decretada la separación, conocerá de cada asunto el tribunal que conocía de él antes de la acumulación, si se hallaban radicados en órganos diferentes, sin perjuicio de que se suscite una cuestión de competencia.

El tribunal que dicte sentencia primero, la comunicará al que haya de dictarla después, para los efectos de la aplicación de sanciones, indicando si se trata de ejecutoria.

CAPITULO V
SUSPENSIÓN DEL PROCESO

ARTÍCULO 252.- Se suspenderá el proceso, de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos:

I. Cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Se entiende que aquél se encuentra sustraído a la acción de la justicia desde que se dicta hasta que se ejecuta la orden de aprehensión, reaprehensión o presentación dictada en su contra;

II. Cuando exista obstáculo procesal para la persecución del delito;

III. Cuando por padecer enfermedad mental superveniente a la comisión del delito, el inculpado no pueda tener, razonablemente, la participación que le corresponde en el proceso;

IV. Cuando no exista auto de procesamiento, haya imposibilidad transitoria para practicar diligencias de instrucción y no exista base para decretar el sobreseimiento. En estos casos, la suspensión durará un año. Si transcurrido este plazo no es posible superar el obstáculo para practicar dichas diligencias y se advierte que no lo será en un plazo igual, el juzgador sobreseerá el proceso; y

V. En los demás casos en que la ley lo ordene expresamente.

ARTÍCULO 253.- Cuando se presente una causa de suspensión, el juez hará la declaratoria respectiva. Cualquiera de las partes podrá promover la suspensión del procedimiento. En todo caso, ésta se resolverá por separado del principal, con audiencia de las partes o sólo de sus representantes, según la naturaleza del motivo que determine la suspensión. En la audiencia, las partes presentarán las pruebas que consideren pertinentes y alegarán lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 254.- La suspensión fundada en la fracción I del artículo 252 no impide la práctica de diligencias para acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Estas diligencias se podrán repetir, si el juzgador lo estima pertinente, cuando se obtenga la captura del inculpado. La sustracción de cualquiera de los inculpados a la acción de la justicia, no impide que continúe el procedimiento en relación con los demás.

En los casos de las fracciones I y III de aquel precepto, el juzgador podrá adoptar de oficio o a petición del Ministerio Público, del ofendido o del representante de éste, medidas precautorias patrimoniales conducentes a la reparación de los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 255.- El proceso continuará cuando desaparezca la causa que motivó la suspensión. El juzgador hará valer de oficio esta circunstancia, o procederá a petición de parte. En todo caso se resolverá con audiencia de las partes y de sus representantes, en su caso.

ARTÍCULO 256.- Cuando el tribunal que conozca de un asunto no penal advierta que se encuentra en curso un proceso de esta última naturaleza, de cuya sentencia pudiera depender, jurídicamente, la resolución que se adopte en aquél, dispondrá de oficio o a petición de parte que se suspenda el procedimiento que ante él se desarrolla hasta que concluya el penal y se tenga conocimiento de la resolución firme que recaiga en éste.

CAPITULO VI
INCIDENTES DIVERSOS

ARTÍCULO 257.- Las cuestiones que surjan en el proceso y que por su naturaleza requieran tramitación separada, sin suspender el principal, serán substanciadas bajo la forma de incidente, cuando a juicio del tribunal no sea posible resolverlas de plano.

En tal caso se dará vista de la promoción a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en el acto de notificación o dentro de los tres días siguientes a éste. Si el tribunal lo considera conveniente o lo solicita alguna de las partes, se abrirá un periodo de prueba de cinco días, a partir de la conclusión de aquel plazo. Concluido éste, se citará para audiencia dentro de los tres días siguientes, y en ella se resolverá el incidente.

TÍTULO NOVENO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPITULO I
REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

ARTÍCULO 258.- Desde la averiguación previa, el ofendido podrá actuar en procuración de sus intereses, por si o asistido de asesor, que tendrá los mismos derechos que un defensor. Si carece de éste, el Ministerio Público lo designará. El asesor designado durante la averiguación previa asistirá al ofendido en las etapas posteriores del procedimiento, hasta la sentencia de segunda instancia, en su caso, si no se hace nuevo nombramiento.

En el curso de la averiguación, el ofendido podrá suministrar al Ministerio Público los datos o medios de pruebas que disponga y que contribuyan a la comprobación de los elementos del cuerpo del delito, la probable responsabilidad, los daños y perjuicios causados por el delito y la cuantía de éstos.

Asimismo, el ofendido podrá solicitar la adopción de medidas conducentes a restituirlo en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus bienes afectados por el delito, así como de las de carácter precautorio que resulten pertinentes, ofreciendo, en su caso, las cauciones que garanticen el pago de los daños y perjuicios que pudieran causarse a terceros o al inculpado.

ARTÍCULO 259.- El juzgador hará del conocimiento del ofendido la radicación de la causa. Dictado el auto de procesamiento, el juez citará a aquél para que indique si ejercita la acción de reparación de daños y perjuicios o pide que lo haga el Ministerio Público en su representación, en la inteligencia de que si aquél manifiesta que se abstendrá de actuar y no solicita la intervención del Ministerio Público, este actuará de oficio en la forma que dispone el presente Código para la intervención del ofendido.

ARTÍCULO 260.- Hecha la manifestación a la que se refiere el artículo precedente, se abrirá el procedimiento especial, que correrá por cuerda separada del principal. En aquél se establecerá la existencia y valor de la cosa sobre la que recayó el delito, cuando no sea posible su devolución, así como de los daños y perjuicios causados, y la identidad de los obligados a reparar, cuando otras personas deban responder civilmente por la conducta del inculpado.

ARTÍCULO 261.- Una vez radicada la causa, el ofendido, su asesor legal o el Ministerio Público podrán solicitar al juzgador que se decrete el embargo precautorio sobre bienes del inculpado en los que pueda hacerse efectiva la responsabilidad civil, en el caso de que esta medida no se hubiese acordado favorablemente en la etapa de averiguación previa. Si así se hizo, subsistirá el embargo precautorio previamente dispuesto, salvo lo que disponga el juzgador, quien para ello tomará en cuenta la suficiencia de la medida para los fines de la reparación.

El juez ordenará de oficio el embargo precautorio de los objetos, vehículos e instrumentos de uso lícito con que se cometió el delito, si pertenecen al inculpado o al tercero civilmente obligado al resarcimiento, sin perjuicio de considerar a éstos depositarios del bien asegurado, haciéndoles saber en tal caso las obligaciones inherentes a su condición.

El embargo se levantará cuando el inculpado u otra persona otorguen caución bastante, a juicio del juzgador, para asegurar la satisfacción del valor de la cosa sobre la que recayó el delito, cuando no fuese posible su devolución, y el pago de los daños y perjuicios causados. También se levantará el embargo si se resuelve la libertad del imputado por falta de elementos para procesar, o se dicta auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria.

ARTÍCULO 262.- El procedimiento especial se desarrollará en forma incidental, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, que también se aplicará en lo relativo a recursos y medidas precautorias, en todo lo que no disponga esta ley. Si al agotarse dicho incidente no ha concluido la instrucción penal, se suspenderá el procedimiento civil hasta el cierre de aquélla. Una vez cerrada la instrucción, se requerirá al ofendido para que formule conclusiones en lo relativo a los daños y perjuicios que reclama. El ofendido intervendrá en la audiencia de fondo, antes del inculpado, en los términos en que éste puede hacerlo.

ARTÍCULO 263.- En la sentencia penal se resolverá lo que corresponda acerca de la responsabilidad civil. Si se sobresee el proceso o se absuelve al inculpado por alguna causa que no suprima la obligación civil de resarcimiento, el juez penal resolverá lo conducente.

Cuando se dicte el sobreseimiento en el caso previsto por el párrafo anterior, continuará el procedimiento civil ante el juez penal hasta que se dicte la sentencia que proceda acerca de la reparación de daños y perjuicios.

En los casos de suspensión del procedimiento por demencia del inculpado o sustracción de éste a la acción de la justicia, continuará la tramitación del procedimiento de reparación de daños y perjuicios, hasta dictarse sentencia.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A INIMPUTABLES Y
FARMACODEPENDIENTES

ARTÍCULO 264.- El procedimiento y las medidas pertinentes en caso de inimputabilidad del agente cuando cometió el delito, se sustentan en la comprobación de los elementos del cuerpo del delito correspondiente al delito que se le atribuya, así como de su participación en el hecho punible bajo cualquiera de los títulos previstos en el Código Penal como supuestos de responsabilidad delictuosa.

Si no se acreditan estos extremos, el juzgador penal pondrá en absoluta libertad al inculpado, pero deberá dar cuenta de la liberación a la autoridad judicial o administrativa que deba intervenir en el caso, considerando el padecimiento que sufre el sujeto.

En todo caso, la autoridad que conozca del proceso dictará la resolución que legalmente corresponda, para justificar el procedimiento y la privación de libertad, dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el detenido quedó a su disposición, o de las ciento cuarenta y cuatro desde el mismo momento, en caso de haberse solicitado la duplicación del plazo para fines de defensa.

ARTÍCULO 265.- Cuando el juez considere que el inculpado es inimputable, dispondrá que sea examinado por peritos médicos y suspenderá el procedimiento hasta contar con el dictamen solicitado. El examen podrá ser requerido, asimismo, por cualquiera de las partes, quienes están facultadas para presentar peritos que dictaminen sobre el punto. Mientras se dispone de los dictámenes, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar protección y asistencia al inculpado.

El dictamen comprenderá todos los puntos conducentes a establecer el estado del sujeto, por lo que toca a la inimputabilidad penal, Asimismo, contendrá un diagnóstico a la fecha de practicarse el examen y un pronóstico con indicación del tratamiento que sea recomendable a juicio del perito.

Si se establece la inimputabilidad del sujeto, el juzgador cesará el procedimiento ordinario y abrirá el especial, en el que proseguir la investigación del delito atribuido al inimputable y la autoría del mismo y de las características de la personalidad de aquel y del padecimiento que sufre. En el procedimiento especial, el juez oirá a la persona que tenga o asuma, conforme a la ley civil, la representación legal del inculpado, a quien se dará entrada en el procedimiento bajo ese título jurídico, aun cuando no se cuente todavía con resolución de la autoridad civil que lo reconozca. En caso de que el inimputable carezca de persona que pueda asumir su representación legal, el juez penal le designará un tutor que lo represente.

En estos casos se observarán las formalidades esenciales del procedimiento en beneficio del inimputable, que en todo caso comprenderán los derechos de audiencia y defensa a través del representante y del defensor que éste designe o, en su defecto, del defensor de oficio nombrado por el juez.

Agotada la investigación, el tribunal celebrará audiencia en la que escuchará al Ministerio Público, al propio inimputable, si ello es posible, a su representante y a su defensor, así como al ofendido y a su asesor legal, y dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquélla.

ARTÍCULO 266.- Cuando el trastorno mental del inculpado sobrevenga en el curso del procedimiento, el tribunal suspenderá éste y ordenará que el sujeto quede a disposición de la autoridad sanitaria para la atención que proceda. Oyendo a dicha autoridad, el paciente podrá ser entregado para el mismo fin a quienes deban hacerse cargo de él, con la obligación de informar al tribunal los cambios que ocurran en la situación del inculpado y los efectos que tenga el tratamiento.

Si cesa el trastorno que determinó la suspensión, proseguirá el procedimiento como legalmente corresponda. En caso de dictarse condena a sanción privativa de libertad, se deducirá de ésta el tiempo que el inculpado hubiese permanecido en internamiento.

ARTÍCULO 267.- Si el inculpado por un delito del orden común tiene el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, pero no se trata de un enfermo mental, continuará el procedimiento ordinario hasta sentencia, y el juzgador informará a la autoridad sanitaria para que se brinde al sujeto la atención pertinente.

CAPITULO III
SUSTITUCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD

ARTÍCULO 268.- Las pruebas conducentes a sustituir la sanción privativa de libertad serán ofrecidas por las partes u ordenadas de oficio por el juzgador durante la instrucción. La falta de promoción de estas pruebas por el inculpado o su defensor no implica admisión del delito o de la responsabilidad.

Si no se hubiese ordenado la sustitución en la sentencia de primera instancia, se podrá formular la solicitud y presentar las pruebas correspondientes en la segunda.

El condenado en sentencia ejecutoria que considere reunir los requisitos legales para beneficiarse de la sustitución, que no se hubiesen hecho valer por inadvertencia suya o del juzgador, podrá promover que se le conceda, abriendo ante el juez de primera instancia el incidente respectivo, que se substanciará en la forma prevista para los incidentes diversos.

ARTÍCULO 269.- La revocación de la sustitución se tramitará como incidente diverso.

CAPITULO IV
APLICACIÓN DE SANCIONES A PERSONAS
JURIDICAS COLECTIVAS

ARTÍCULO 270.- Cuando a juicio del Ministerio Público proceda la aplicación de sanciones a una persona jurídica colectiva, en los términos del Código Penal, ejercitará la acción en contra de aquélla y de la persona física que deba responder por el delito cometido.

Al dictarse el auto de formal procesamiento, el juzgador dará vista a la persona jurídica colectiva, apercibiéndola para que comparezca en el proceso por medio del órgano facultado para representar en juicio sus intereses, a partir del acto en el que rinda su declaración preparatoria el inculpado, asistido por el defensor que designe o por el de oficio, si no hace designación de defensor particular.

Si el titular del órgano que debe comparecer en juicio se halla suspendido en el desempeño de sus facultades, por cualquier causa legal, se designará, de acuerdo con la legislación aplicable, a quien deba sustituirlo. Si no es posible hacer esta designación, el juzgador nombrará a un defensor de oficio para que represente a la persona jurídica colectiva en el juicio penal.

ARTÍCULO 271.- Una vez enterado de los cargos que se formulan en contra de la persona jurídica colectiva, que deberán manifestarse en la misma diligencia en que rinda declaración preparatoria el inculpado, el representante de aquélla podrá expresar lo que a su derecho convenga, y solicitar se le careé con quienes declaran en contra de su representada.

Desde este momento, el representante del interés jurídico de la persona jurídica colectiva podrá participar en todos los actos del proceso, en las mismas condiciones que el inculpado individual. En tal virtud, se le notificará de los actos que deba conocer, se le citará a las diligencias en las que deba estar presente, y podrá promover pruebas e incidentes, formular conclusiones y sostener éstas en la audiencia, impugnar las resoluciones que le perjudiquen y expresar agravios.

ARTÍCULO 272.- En la sentencia que se dicte, el juez resolverá lo que corresponda en cuanto al inculpado individual y a la persona jurídica colectiva, imponiendo a ésta, en su caso, la sanción procedente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este ordenamiento entrará en vigor el día primero de mayo de mil novecientos noventa y siete, y en consecuencia quedará abrogado el vigente Código de Procedimientos Penales. Igualmente, quedarán derogadas cualesquiera otras disposiciones que se opongan a lo previsto en este Código.

SEGUNDO. Los procedimientos penales que se estén desarrollando ante las autoridades del Estado al entrar en vigor el presente Código continuarán bajo las normas de éste, a no ser que las anteriores concedan mayores derechos al inculpado, en cuyo caso se aplicarán, para este fin, las normas más favorables del Código abrogado.

TERCERO. Los recursos interpuestos antes de la vigencia de este Código y que no se hubiesen admitido o desechado aún, se admitirán siempre que en este mismo Código o en el anterior fueren procedentes, y se substanciarán conforme a lo determinado en el presente ordenamiento.


PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL SUP. 5683 DEL 22 DE FEBRERO DE 1997.

ULTIMA REFORMA: PERIODICO OFICIAL SUP. F: 7206 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.